El Ministerio de Hacienda respondió a la reciente decisión del Consejo de Estado de suspender parcialmente el decreto que ordenaba a los fondos privados de pensiones trasladar de inmediato $25 billones en ahorros hacia Colpensiones.
Ante la decisión del alto tribunal, el Gobierno arremetió contra las administradoras de fondos de pensiones, acusandolas de querer mantener control de los ahorros de más de 120 mil trabajadores que decidieron trasladarse al régimen público.
Además, el Ministerio alertó que la suspensión del traslado de los recursos genera profundas implicaciones sobre la sostenibilidad del sistema pensional y los derechos de los trabajadores.
“Esta situación no solo resulta inequitativa, sino contraria a los principios de sostenibilidad, equidad y destinación específica de los recursos de la seguridad social. No es admisible que mientras el sistema público asume el pago de las pensiones y los riesgos asociados, los recursos permanezcan en administración privada”, enfatizó el Ministerio de Hacienda.
Indicó que aunque respeta las decisiones judiciales y la independencia de las altas cortes, acudirá a las acciones jurídicas necesarias para garantizar controvertir la decisión.
“El debate debe darse con rigor, amplitud y respeto por el debido proceso, evitando decisiones apresuradas que puedan comprometer la correcta implementación de una reforma estructural en beneficio de millones de colombianos”, afirmó el Ministerio.
Sostuvo que debido a que el Consejo de Estado mantuvo vigente el giro de los recursos de las cuentas de ahorro individual a Colpensiones, sobre cerca de 25 mil personas que ya consolidaron su pensión y están siendo pagadas por el fondo público, instó a los fondos privados ha entregar estos recursos dentro de los plazos establecidos.
El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el artículo central del Decreto 415 de 2026, a través del cual se ordenaba a los fondos privados de pensiones trasladar de inmediato $25 billones en ahorros hacia Colpensiones.
El alto tribunal aseguró que el Ejecutivo sobrepasó su potestad reglamentaria al exigir la entrega de recursos de afiliados que aún no cumplen los requisitos para jubilarse, en contravía de lo establecido por la Ley 2381 de 2024, que ordenaba mantener esos dineros en las cuentas individuales hasta que se consolidara el derecho pensional.
/Colprensa.
