Desde el Ministerio Público, el procurador general, Gregorio Eljach, expresó su rechazo a estas acciones violentas e instó a las autoridades a desplegar acciones contundentes de persecución y castigo, para que hechos como estos no se repitan.
Asimismo, hizo un llamado urgente a las autoridades en todos sus niveles a proteger a todos los ciudadanos tal como lo exige la constitución política.
Durante los últimos días el suroccidente del país ha sido víctima de 26 hechos de violencia, que ha dejado como resultado 20 personas muertas y 48 heridos.
“Exhorta a las autoridades en todos sus niveles y en todo el espectro de sus competencias a ejecutar a cabalidad el mandato supremo de la Constitución Política, artículo 2, inciso 2: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas resistentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás, derechos y libertades””, se lee en el comunicado enviado desde la Procuraduría.
El procurador informó que ya han impartido órdenes y medidas institucionales para la determinación de responsabilidades por esta oleada de violencia.
En este contexto, invitó a concejales, diputados y congresistas de la República, a que se realicen debates de control político para exigirle al Gobierno nacional repuestas sobre estos hechos, con el objetivo de obtener resultados inmediatos.
Asimismo, manifestó su solidaridad y condolencias a las víctimas, familiares y comunidades del Cauca y Valle del Cauca que han sido afectados durante las últimas horas.
Entretanto, desde la Consejería Comisionada de Paz, piden a los grupos armados ilegales que cesen los hostigamientos y las acciones violentas en departamentos como Nariño, Huila, Cauca y Valle del Cauca.
Además, advirtió que esta situación representa una grave violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, y alertó sobre la expansión de estructuras armadas ilegales en la región, lo que incrementa el riesgo para las comunidades.
Finalmente, la Consejería invitó a la ciudadanía y a los distintos sectores sociales a solidarizarse con las comunidades afectadas y a respaldar iniciativas que permitan avanzar en la construcción de paz en los territorios.
