A cinco años del vencimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fijado para 2031, la Procuraduría General de la Nación pidió a las entidades del sistema acelerar la implementación de la política y fortalecer su participación para destrabar procesos y avanzar en la reparación integral de las víctimas.
El pronunciamiento se dio en el Subcomité Técnico Nacional de Restitución de Tierras, donde la delegada del ente de control instó a las instituciones del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) a intervenir con capacidad de decisión y a dinamizar los trámites pendientes.
En ese escenario, la Procuraduría señaló la necesidad de hacer un balance de los 15 años de la política pública, identificar avances y adoptar ajustes frente al tiempo restante, con énfasis en decisiones oportunas y en la efectividad de las acciones orientadas a la restitución y la reparación.
El llamado se produce en un contexto en el que informes recientes han advertido dificultades para cumplir la meta legal. La Misión de Verificación de la ONU en Colombia indicó que, pese a decisiones favorables sobre 435.000 hectáreas durante la actual administración, “a este ritmo será difícil restituir la tierra a todas las víctimas de despojo hasta 2031”.
Desde la expedición de la Ley 1448 en 2011, jueces y magistrados ordenaron la restitución de 1.000.000 de hectáreas, mientras el organismo internacional advirtió “desafíos en relación con la efectiva implementación de las sentencias de restitución por parte de todas las instituciones”, así como limitaciones asociadas a condiciones de seguridad en los territorios.
El informe también señaló riesgos para beneficiarios de predios restituidos y mencionó casos en los que hechos de violencia provocaron el abandono de tierras por parte de familias campesinas, además de retrasos en la puesta en marcha de la Jurisdicción Agraria por falta de una ley que regule su funcionamiento.
En paralelo, la formalización de predios alcanzó 3.905.572 hectáreas, equivalentes al 56 % de la meta de 7 millones fijada en los acuerdos de 2016, mientras persisten rezagos en proyectos de riego y comercialización, según datos del Departamento Nacional de Planeación.
La Procuraduría reiteró que ejercerá vigilancia preventiva sobre las entidades para verificar el cumplimiento de las políticas públicas y el restablecimiento de derechos de las víctimas dentro del plazo vigente de la ley.
BOGOTÁ, (Colprensa).-
