La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó el cierre definitivo de la operación a la sociedad Construir Comundo S.A.S. en liquidación, administradora de cuatro aplicaciones móviles de crédito (Popcash, Eastbay, Movil Crédito y Vida Luja), las cuales habrían usado datos personales como herramientas de presión y cobro intimidatorio.
La institución destacó que esta decisión es el resultado de una investigación administrativa iniciada en agosto de 2022 que acumuló más de 1.500 denuncias de ciudadanos de todo el país afectados por las prácticas de la empresa.
En ese sentido, la investigación permitió esclarecer que las aplicaciones otorgaban créditos por montos inferiores a los aprobados, imponían plazos de pago de apenas siete días y aplicaban intereses que los denunciantes describieron como altos.
Además, cuando los usuarios se retrasaban en el pago, incluso un solo día, la empresa activaba un mecanismo de cobro que iba más allá de lo legal.
Las empresas acusadas habrían aprovechado los permisos que el usuario otorgaba al instalar la aplicación para acceder al directorio de contactos del celular del deudor y enviar por WhatsApp mensajes intimidatorios a personas de sus círculos sociales y laborales.
“Los mensajes incluían, en varios casos denunciados, fotografías editadas de la cédula de identidad y de la cara del deudor, acompañadas de textos como alertas de fraude o evasión de deuda, dirigidos a personas que nunca habían tenido ninguna relación con la aplicación”, detalló la SIC.
“Recibí un mensaje con una foto editada de mi cédula, una selfie y un pantallazo de mis contactos recientes; las primeras dos tenían un texto que indicaba “soy una mala paga, hago préstamos en apps y no pago”, manifestó una ciudadana en su denuncia.
La SIC pudo determinar que las aplicaciones tuvieron un tratamiento inadecuado de datos personales sensibles como las fotografías de los denunciantes y datos de carácter semiprivado al no contar con la autorización previa, expresa e informada de los titulares. Además, los usuarios nunca fueron informados acerca de la finalidad para la cual se recopilan su información ni de los derechos que les asistían.
El ente de control tambien señaló que ante los requerimientos enviados, las empresas presentaron respuestas evasivas, dilatorias e injustificadas.
Finalmente la SIC determinó que la sanción procedente es el cierre inmediato y definitivo, aunque las conductas justificaban también una sanción económica de hasta 2.000 salarios mínimos, la empresa se encuentra en proceso de liquidación judicial desde septiembre de 2022, lo que haría ineficaz el cobro de una multa.
/Colprensa.
