Un solo interesado se presentó a la puja por el 32,5 % de las acciones de Movistar Colombia que todavía están en manos del Estado: la empresa Millicom (Tigo), que ya es dueña del 67,5 % restante y que este viernes participará en una subasta sin competidores por una operación valorada en al menos 856.000 millones de pesos, lo que llevó a la Contraloría General de la República a pedirles cuentas a los ministerios de Hacienda y de las TIC sobre el destino final de ese dinero.
El negocio se enmarca en la fusión entre Movistar y Tigo. En febrero pasado, a través de una Oferta Pública de Adquisición, Tigo se quedó con la mayoría de las acciones de Colombia Telecomunicaciones (Movistar). Ahora va por la tajada que aún es del Ministerio de Hacienda, fijada en 772,38 pesos por acción.
El proceso se abrió en dos etapas. En la primera se vendieron 3.000 acciones a compradores con condiciones especiales, como lo establece la ley. Esa fase quedó cerrada el 26 de marzo.
La segunda etapa, la más grande, arrancó el 9 de marzo con un aviso de precalificación que estuvo abierto hasta el 31 de marzo. Según informó la propia Contraloría, en ese plazo «se presentó un solo interesado: Millicom Colombia Holding S.A.S. (Tigo), quien fue declarado inversionista precalificado».
La subasta está programada para hoy, 24 de abril, y el cierre definitivo para el 29 de abril de 2026.
«Continuará siendo sujeto de control fiscal»
La Contraloría advirtió que, por tratarse de recursos públicos, no va a soltar el proceso. «Mientras existan recursos públicos comprometidos, la empresa continuará siendo sujeto de control fiscal», señaló el organismo.
El ente de control le pidió al Ministerio de Hacienda y al MinTIC información detallada sobre en qué se van a gastar los 856.000 millones de pesos que entrarían al Tesoro Nacional. También exigió que se haga «la adecuada valoración de las acciones del Estado» y que se evalúe cómo afectará el negocio al servicio de telefonía e internet que reciben los colombianos.
El llamado de la Contraloría fue a que todo se haga bajo principios de «transparencia, defensa del patrimonio público y garantía de continuidad en la prestación del servicio», según los parámetros del Decreto 1481 de 2025.
El Ministerio de Hacienda le respondió a la Contraloría que el dinero entrará a su presupuesto y que, de a pocos, se irá destinando en los próximos años a «inversiones estratégicas asociadas al cierre de la brecha digital». Es decir, a llevar internet y tecnología a las zonas del país que hoy no tienen.
La Contraloría, sin embargo, puso el dedo en la llaga: el problema de la brecha digital en Colombia no es solo de antenas y cables. Según el Índice de Brecha Digital de 2024, que está en 0,384 y mejoró un 12,7 % frente a 2018, el 34,7 % del rezago se explica por la falta de habilidades digitales de la gente.
En palabras del organismo, «las limitaciones del sector trascienden la infraestructura y se concentran, de manera significativa, en el desarrollo de capacidades y en el uso efectivo de la conectividad».
Por eso, la Contraloría le pidió al Gobierno que esa plata no se diluya y que se invierta en enseñarle a la gente a usar la tecnología, más allá de simplemente instalar redes.
/Colprensa.
