La Contraloría General de la República informó este viernes que la reducción del déficit habitacional en Colombia pasó de 36,6 % en 2018 a 26,8 % en 2024, pero señaló que este resultado se concentró en zonas urbanas, mientras en áreas rurales y municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) persisten rezagos que limitan el acceso a soluciones de vivienda y mantienen una brecha urbano-rural de 43,9 puntos porcentuales.
El informe, presentado por la Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, indicó que entre 2022 y 2025 se registraron caídas progresivas en la ejecución de los recursos destinados a vivienda, medidas a través de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, incluso en escenarios con mayores apropiaciones presupuestales.
La entidad también advirtió que la medición del cumplimiento de metas podría estar afectada por la concurrencia de subsidios entre Fonvivienda y las cajas de compensación, lo que permite que un mismo hogar reciba apoyos de ambas fuentes, situación que, según el documento, incrementa el riesgo de doble contabilización, ya que “la suma de subsidios no representa necesariamente un mayor número de hogares beneficiarios distintos”.
A este escenario se suma, según la Contraloría, el desfase entre la asignación y la ejecución de subsidios, lo que prolonga la materialización de los resultados y afecta la lectura del desempeño de la política pública de vivienda.
El informe señaló además que la financiación del sector depende en gran medida del Presupuesto General de la Nación y que la cofinanciación territorial es limitada, lo que restringe la sostenibilidad del modelo.
En términos de eficiencia, el documento indicó que los programas de mejoramiento de vivienda presentan mejores resultados en relación costo-beneficio, mientras que la vivienda nueva, especialmente en zonas rurales, registra mayores costos unitarios y menor impacto relativo, a lo que se suman barreras de acceso al crédito, dificultades en procesos de titulación y problemas de articulación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Plan Nacional de Desarrollo.
“La política de vivienda no puede medirse únicamente por el volumen de recursos asignados, sino por su capacidad real de transformar las condiciones de vida de los hogares. La persistencia de brechas territoriales, las dificultades en la ejecución y los riesgos en la medición de resultados evidencian la necesidad de fortalecer la eficiencia, la articulación institucional y la sostenibilidad del modelo”, señaló la Contraloría en el documento.
Así las cosas, la entidad planteó la necesidad de fortalecer la articulación entre niveles de gobierno, mejorar la ejecución de los recursos y consolidar sistemas de seguimiento, con el fin de avanzar en el cierre del déficit habitacional y la reducción de las desigualdades territoriales.
/COLPRENSA
