Un diagnóstico de la Fuerza Pública identificó diez zonas críticas en materia de seguridad en Colombia, ubicadas en los departamentos de Arauca, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Nariño, Antioquia, Bolívar, Chocó, Cauca y Norte de Santander, donde se registran disputas entre grupos armados, crisis humanitarias y pérdida de control estatal, según el análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que advirtió sobre la expansión de formas de gobernanza criminal en 40 municipios del país.
El ejercicio determinó que esta situación no solo persiste, sino que se presenta de manera simultánea en al menos diez departamentos, ya sea por crisis activas o por pérdida de control estatal. La crisis humanitaria que inició en el Catatumbo en enero de 2025, y que aún persiste, ubicó a esta región de Norte de Santander en el radar de las autoridades, los medios de comunicación y la sociedad civil. En los últimos años, otras zonas como el cañón del Micay, en Cauca, también concentraron la atención pública durante periodos breves, sin que se materializaran acciones de largo plazo para contener la violencia.
Las áreas identificadas se ubican en Arauca (Sarare y Puerto Rondón), Guaviare (Trocha Ganadera y río Inírida), Caquetá (El Pato-Balsillas y Bajo Caguán), Putumayo (Medio Putumayo), Nariño (Pacífico nariñense y río Mataje), Antioquia (Norte y Nordeste), Bolívar (Serranía de San Lucas y región sur), Chocó (Atrato y San Juan), Cauca (cañón del Micay y región norte) y Norte de Santander (Catatumbo).
«Estas zonas críticas reflejan la expansión y la consolidación de formas de gobernanza criminal por parte de grupos armados. Han creado nuevas estructuras, reactivado corredores de movilidad, incorporado el uso de drones y aumentado el control sobre las comunidades mediante reclutamiento, amenazas, confinamiento, asesinatos y desplazamientos», explicó Gerson Arias, investigador asociado de la FIP.
Un mapa con características en común
Los 40 municipios comparten varias condiciones: son territorios en disputa entre grupos armados, estratégicos para economías ilegales —como la minería ilícita, los cultivos de coca y el tráfico de drogas— y con presencia institucional frágil. Estas dinámicas de violencia generan, además, altos impactos humanitarios, según el análisis de la FIP.
Nariño, Putumayo, Arauca y Norte de Santander son, también, zonas de frontera con Ecuador y Venezuela. Lo que ocurre en estas regiones, señaló la fundación, evidencia la dimensión transnacional del crimen organizado y las debilidades de la estrategia de seguridad en áreas limítrofes.
En todos los municipios bajo alerta operan grupos armados con los que el gobierno de Gustavo Petro adelantó o intentó negociaciones en el marco de la política de Paz Total. Para la FIP, este escenario sugiere una desconexión inicial entre la política de paz y la estrategia de seguridad, y pone en evidencia limitaciones en la visión, el método y la capacidad de implementación de la Paz Total.
La situación en zonas como la Trocha Ganadera, en Guaviare, es, en parte, resultado de la fragmentación de las disidencias lideradas por alias ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá Córdoba’, asociada a deficiencias en la gestión de la negociación de paz, indicó el informe.
La FIP señaló que persisten vacíos en las orientaciones operacionales de la Fuerza Pública para intervenir en estos escenarios.
«Cualquier intervención debe ser cuidadosamente planeada, ya que puede exponer a las comunidades y afectar la confianza en la Fuerza Pública, al ser percibida como favorable a uno u otro actor. Además, implica prever condiciones complejas, como la presencia de actores no uniformados, el uso de sistemas de armas no tripuladas y amplias redes de apoyo e inteligencia criminal», señaló Arias.
El investigador agregó que, aunque podrían identificarse más situaciones locales de nivel crítico, la focalización con criterios claros es el camino a seguir. «Para la Fuerza Pública, estas deben ser las prioridades, mientras que otras instituciones encargadas del orden público pueden concentrarse en territorios donde el principal reto es la investigación y la detección de conductas criminales», indicó.
Las zonas que quedan fuera del radar
La FIP advirtió que, además de las diez áreas identificadas, es necesario hacer seguimiento a otras zonas de dominio o hegemonía criminal, donde los grupos armados ejercen formas de violencia menos visibles o subregistradas.
En el Caribe, departamentos como Córdoba y Sucre presentan alta influencia de organizaciones criminales, con liderazgos sociales intimidados y amenazados, una situación que también se observa en Cauca, Nariño y el Catatumbo, según el análisis.
El énfasis en la acción de los grupos armados puede invisibilizar, además, otros territorios clave para las economías ilegales que permanecen fuera del radar debido a limitaciones en el acceso a información. Es el caso de Amazonas, Guainía, Vichada y Vaupés, cuyas rutas fluviales y terrestres son estratégicas para el tráfico de bienes ilícitos —como cocaína, marihuana y madera—, el contrabando y otras actividades ilegales.
La FIP pidió ampliar la mirada sobre estas zonas, con el fin de prevenir riesgos y fortalecer la protección de las comunidades que permanecen en condiciones de vulnerabilidad.
/Colprensa.
