Hay decisiones que no admiten margen de error. La protección de un niño es, literalmente, una decisión que le salva la vida. Sin embargo, hoy en Colombia ya se evidencian los efectos de un riesgo silencioso y devastador. El debilitamiento del modelo técnico en los procesos de restablecimiento de derechos para niñas y niños a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sumado a la ceguera sobre la gerencia con resultados documentados en datos de los programas de prevención, es decir la atención integral a la primera infancia, las familias en formación, la nutrición, las madres gestantes y lactantes, etc. No hay datos ni resultados cuantificados en procesos, en coberturas, e inversión y mucho menos en impacto. Sus informes públicos como los informes al Congreso, presentan tesis y propósitos, pero sin un solo dato.
El frente más crítico es el de la protección. Los procesos de restablecimiento de derechos (PARD) no son trámites burocráticos; son la intervención urgente del Estado para extraer a un niño de la violencia. Un caso de abuso sexual, maltrato o partenidad, exige respuestas técnicas y con celeridad. No obstante, hoy se evidencia dilación en los procesos y definiciones que rozan la negligencia. Niños que requieren una salida inmediata de entornos agresores permanecen atrapados en el limbo institucional que prolonga su vulnerabilidad y los lleva a ser víctimas de la violencia institucional. Cuando no se define con rapidez una situación jurídica, no protege, aumenta su tragedia.
Además, una nueva norma, expedida en diciembre, el Decreto 1430 de 2025, traslada a una instancia, sin futuro jurídico como lo es el Ministerio de la Igualdad, la definición de lineamientos técnicos, agregado riesgos adicionales en tiempos y conocimiento, para los niños en PARD y debilita al ICBF como ente rector del Sistema Nacional de Bienestar.
El ICBF construyó, durante años, un conocimiento especializado que permite a defensores de familia decidir sobre la vida y la seguridad bajo criterios técnicos y legales sólidos. Ahora, este decreto debilita la institucionalidad técnica del ICBF, para condicionarla a visiones macro-sociales genéricas y, por ende, diluir y fragmentar procesos que no darán la protección responsable. Cuando se pierde su autonomía técnica frente a la maraña administrativa y burocrática, el que queda expuesto y desamparado es el niño. En protección, la fragmentación es parálisis, y la parálisis es una vulneración que puede ser irreversible.
Están incumpliendo sistemáticamente la Ley de Infancia y Adolescencia, Ley 1098, que exige que el restablecimiento de derechos sea efectivo y oportuno, no solo que se inicie. Cada día de retraso en una decisión de protección, de adoptabilidad o de retorno seguro es un día más de vulneración.
Pero el daño no se detiene en la protección legal. Paralelamente programas como la atención integral a la primera infancia, el acompañamiento a familias en formación, la nutrición, y el cuidado a madres gestantes y lactantes, y demás programas, se están ejecutando en un vacío de información alarmante. Hoy no hay datos. No existen resultados cuantificados en procesos, ni en coberturas reales, ni en ejecución de inversión y, mucho menos, en impacto social.
Estamos ante una gestión que ha renunciado a la evidencia. Los informes públicos de la entidad, se han convertido en una suma de relatos de intención, pero carecen de un solo dato que permita auditar la gestión y dar la cara a las instancias de participación y control ciudadano. Sin analítica de datos, la política de prevención pierde su capacidad estratégica y se convierte en una suma de acciones reactivas operadas a ciegas. ¿Cómo podemos asegurar que un niño ha salido de la desnutrición si no hay seguimiento de datos? ¿Cómo saber si la inversión en primera infancia está cerrando brechas si no se mide? El silencio de los datos es la máscara para la ineficiencia.
Ambos problemas convergen en el impacto de la desprotección masiva. La prevención requiere inteligencia de datos para ser eficiente; la protección exige rigor técnico y celeridad para salvar vidas. Al diluir y fragmentar estos procesos, el sistema ha dejado de ser una red de salvamento para convertirse en un gestor de la precariedad.
La razón de ser del ICBF es la defensa técnica e irrenunciable del interés superior del niño. Extraviar ese norte en un entramado burocrático sin datos es renunciar a la esencia misma de nuestra institucionalidad.
* Exdirectora ICBF
