La magistrada Julieta Lemaitre Ripoll reveló este martes en la audiencia pública del Caso 01 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), celebrada en María La Baja, Bolívar, que la investigación documentó torturas, violencia sexual, asesinatos y desapariciones ocurridos durante los cautiverios del Bloque Caribe de las extintas FARC, pese a que existió una orden interna de «buen trato» que, según la Sala, nunca tuvo seguimiento ni control efectivo sobre lo que significaba, dejando a los secuestrados a merced de cada comandante local.
«La Sala encontró que, a pesar de que había una orden, que sí la documentamos, de buen trato, esa orden no tenía un seguimiento o un control de qué quería decir buen trato, y las personas quedaban era a manos del comandante que los tuviera», señaló Lemaitre Ripoll ante las 32 víctimas acreditadas presentes en la diligencia.
EL CARIBE: 15% DE LOS SECUESTROS DE LAS FARC
En el marco de la audiencia se proyectó un documental elaborado por la JEP sobre el Bloque Caribe, que precisó que de las más de 4.439 víctimas acreditadas en el Caso 01, 827 señalaron a esa estructura como responsable de su secuestro, lo que equivale a al menos el 15% de los plagios cometidos por toda la guerrilla, cifra solo superada por el Bloque Noroccidental y el Bloque Oriental.
El documental situó el origen del Bloque Caribe en 1982, cuando las FARC llegaron al litoral con un modelo ofensivo orientado a atacar la fuerza pública y la infraestructura estatal. En 1993 se creó formalmente el bloque, con Luciano Marín —conocido como Iván Márquez— como coordinador ante el Secretariado, y Juan Hermilo Cabrera Díaz —conocido como Bertulfo Álvarez— como comandante.
La estructura llegó a su punto máximo de expansión en 2002, con 1.320 combatientes y un número indeterminado de milicianos organizados en cinco frentes rurales —el 19, el 35, el 37, el 41 y el 59— y el frente urbano José Antequera, que operaba en Barranquilla.
La magistrada Lemaitre explicó en detalle los tres patrones de secuestro documentados por la JEP para esta región.
El primero, el de control social y territorial, concentra la jornada de este martes: 63 personas acudieron a la JEP para relatar cómo fueron privadas de la libertad sin que se pidiera rescate, con el propósito de controlar el ingreso y egreso de personas en territorios bajo dominio guerrillero, imponer trabajo forzado, o expulsar funcionarios públicos. «Todos estos son graves privaciones de la libertad en las cuales no se pedía dinero a cambio, pero sí se le causaba un daño a la persona», precisó la magistrada.
El segundo patrón, el de financiación, es el más numeroso en el Caribe: 154 personas relataron ante la JEP haber sido secuestradas para exigir un rescate económico. El documental describió la práctica conocida como «pescas milagrosas»: retenes ilegales en los que la guerrilla detenía vehículos privados y de transporte público de forma indiscriminada, interrogaba a los ocupantes sobre su patrimonio y, según la respuesta, los liberaba o los retenía hasta obtener el pago por su liberación. «La mayoría de los secuestros del Bloque Caribe tuvo fines económicos, y uno de los sectores más golpeados fue el ganadero», precisó el documental.
El tercer patrón, de alcance nacional, registra solo dos casos en el Caribe: el secuestro del entonces ministro de Desarrollo Fernando Araújo Perdomo, quien permaneció seis años en cautiverio, y el secuestro y posterior asesinato de la exministra de Cultura Consuelo Araújo Noguera, ambos retenidos para forzar un canje por guerrilleros presos.
LO QUE SE ESPERA DEL RECONOCIMIENTO
Lemaitre explicó ante las víctimas y los cinco ex jefes de las FARC las tres dimensiones que la Sala de Reconocimiento exige para que el acto de hoy sea considerado un reconocimiento a satisfacción.
La primera es la dimensión fáctica: que los comparecientes relaten las circunstancias en que ocurrieron los secuestros, su rol en las estructuras, los reportes que recibieron y el control que ejercieron sobre sus subalternos.
La segunda, la dimensión jurídica: que reconozcan que los hechos son «graves crímenes que no son amnistiables» y que asuman la modalidad de comisión que originó su responsabilidad. La magistrada aclaró que la Sala «no espera que utilicen necesariamente lenguaje jurídico, sino un lenguaje natural».
La tercera, la dimensión restaurativa —que ocupa la mayor parte de la diligencia—, exige que el reconocimiento del daño se haga públicamente, frente a las víctimas: «Las explicaciones que puedan dar se espera que no sean justificaciones», subrayó Lemaitre.
El documental precisó las zonas de operación de cada uno de los cinco ex jefes de las Farc en el Caribe colombiano. Abelardo Caicedo Colorado, alias Solís Almeida, comandó los frentes 41 y 19, que operaron en la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá. Gilberto de Jesús Giraldo David, alias Aldemar Altamiranda, comandó el frente 41 en la misma subregión. Luis Alejandro Cuadras Solórzano, alias Leonardo Guerra, estuvo al frente del frente 59, también en la Sierra Nevada y el Perijá. Osman Ilandero Fajardo, alias Hernando González, comandó el frente 35, que operó en los Montes de María y la Mojana. Y Uriel Antonio Oviedo, alias Manuel Omaña, comandó el frente 35 y unidades del frente 37 en la misma subregión.
El documental destacó que, para la mayoría de los comparecientes, la imputación de la JEP representó el primer llamado formal a responder por estos crímenes: «Solo Uriel Oviedo había enfrentado procesos en la justicia ordinaria. Para los demás, la imputación de la JEP representa el primer llamado a responder por estos crímenes».
Al retomar la palabra tras la proyección del documental, Lemaitre justificó el componente pedagógico de las audiencias de la JEP: «Uno de los propósitos de estas audiencias es dejar todo el material didáctico como para enseñar también a las nuevas generaciones qué fue lo que pasó», señaló, y explicó que el modelo de la jurisdicción parte de la premisa de que el diálogo entre firmantes del acuerdo de paz y víctimas «es una sanación».
La magistrada también precisó que la segunda sesión de esta audiencia se realizará el viernes 24 de abril en el Cesar, y estará concentrada en los secuestros con fines de intercambio de guerrilleros presos y de financiación.
/Colprensa.
