Amnistía Internacional presentó este lunes su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, en el que documenta vulneraciones en 144 países y alerta por un deterioro global marcado por el avance del autoritarismo, la represión y el debilitamiento del orden internacional.
El informe, correspondiente a 2025, pone especial énfasis en Colombia y Venezuela, dos países que, según la organización, concentran graves preocupaciones en la región por la persistencia de la violencia, la represión y las fallas en la protección de derechos fundamentales.
“Nos enfrentamos al momento más difícil de nuestra época”, advirtió la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, al señalar que gobiernos y movimientos “antiderechos” están erosionando décadas de avances en materia de libertades y garantías fundamentales.
Durante la presentación del informe, expertos de la organización coincidieron en que el principal rasgo del panorama actual es el cierre progresivo del espacio cívico en distintas regiones del mundo.
Ese fenómeno se refleja en ataques a defensores de derechos humanos, restricciones a la protesta, uso de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, así como en la instrumentalización del sistema judicial para silenciar voces críticas.
“El aumento de prácticas autoritarias y del ejercicio autoritario del poder se está consolidando”, advirtió uno de los panelistas, al señalar que estas tendencias afectan especialmente a poblaciones vulnerables como mujeres, migrantes, comunidades indígenas y personas LGBTIQ+.
Colombia: violencia persistente y crisis humanitaria
En el caso colombiano, el informe concluye que el país continúa enfrentando una grave crisis de derechos humanos asociada al conflicto armado, pese a los procesos de negociación en curso.
Según lo expuesto durante el panel, la violencia persiste en múltiples regiones, con presencia de al menos 12 zonas activas de conflicto, donde operan distintos grupos armados y se registran enfrentamientos tanto entre estas estructuras como con la fuerza pública.
El impacto se traduce en cientos de miles de víctimas, especialmente en comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, afectadas por desplazamientos forzados, confinamientos y reclutamiento de menores.
“Colombia vive una grave crisis humanitaria y de derechos humanos, y no porque sea una crisis vieja significa que la podemos normalizar”, señaló Camilo Vargas, encargado de campañas para Colombia, durante la presentación.
Uno de los puntos más críticos es la situación de las personas defensoras de derechos humanos. De acuerdo con cifras citadas en el informe, en 2025 se registraron niveles de violencia letal sin precedentes recientes, con hasta tres asesinatos por semana, lo que, según la investigación, es el resultado de fallas en los esquemas de protección.
Amnistía también cuestiona la falta de una política integral efectiva para proteger a estas poblaciones, pese a órdenes previas de la Corte Constitucional, y advierte que la respuesta estatal sigue siendo fragmentada.
A esto se suman preocupaciones por la implementación de la política de “Paz Total”, en la que, según la organización, no están claras las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas.
Venezuela: represión sistemática y crisis prolongada
El capítulo sobre Venezuela describe un escenario aún más crítico, caracterizado por un “patrón sostenido de represión estatal”.
Durante la presentación, Natalia Rojas, directora adjunta de Amnistía Internacional Venezuela, explicó que las violaciones documentadas más allá de ser hechos fortuitos, son parte de una política estructurada.
“Lo que documentamos no son acciones desarticuladas, es una práctica estatal que sigue vigente”, afirmó.
Entre los principales hallazgos están las detenciones arbitrarias por motivos políticos, que continúan registrándose. Para finales de 2025, al menos 806 personas permanecían privadas de la libertad, muchas de ellas en procesos sin garantías judiciales.
A esto se suman desapariciones forzadas, torturas y el uso del sistema judicial como mecanismo de persecución, en una dinámica que, según el informe, configura violaciones en cadena de derechos humanos.
El informe también advierte sobre el cierre del espacio cívico, con restricciones a organizaciones sociales, persecución a periodistas y defensores, y un contexto que ha obligado a muchas organizaciones a operar desde el exilio.
En paralelo, la crisis humanitaria continúa profundizándose, pues más de 7,9 millones de venezolanos han salido del país y cerca de dos millones dependen de ayuda internacional para subsistir.
El informe también hace énfasis en el debilitamiento de los mecanismos internacionales de protección, agravado por recortes en la cooperación internacional y el cierre de oficinas clave de derechos humanos, como ocurrió en Venezuela y parcialmente en Colombia.
En ese contexto, la organización hizo un llamado a los Estados a garantizar la rendición de cuentas, “fortalecer la protección de la sociedad civil y frenar las prácticas represivas”.
“La impunidad siempre tiene fecha de caducidad”, concluyó uno de los voceros durante la presentación, e insistió en que la visibilización internacional sigue siendo una herramienta clave frente a las violaciones de derechos humanos.
/Colprensa
