La Procuraduría declaró la nulidad de las actuaciones disciplinarias que había iniciado contra 11 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por la fiesta registrada el pasado 1 de abril en la cárcel La Paz de Itagüí, Antioquia, al advertir que el auto de apertura de investigación carecía de requisitos sustanciales, que constituían violaciones al debido proceso y a derechos fundamentales.
Luego del saneamiento del proceso, reabrió la indagación, vinculó al director encargado del establecimiento y elevó a 12 el número de funcionarios investigados y suspendidos provisionalmente.
La Procuraduría incorporó como investigado a Fabián Leandro León Rodríguez, quien funge como subdirector del centro penitenciario y ejerce como director encargado, por presunta falsedad ideológica en documento público. Su vinculación marcó la ampliación del caso de 11 a 12 funcionarios implicados.
El Ministerio Público ordenó la suspensión provisional de los 12 funcionarios por un término de tres meses, sin remuneración, mientras avanza la investigación.
Los suspendidos son los dragoneantes Nairo Vargas Rubio, Fran Alexander Barbosa Pinzón, Jhon Eduar Aguilar Conde, José Luis Becerra Puello, Juan Camilo Góez David, Juan Diego Ospina Morales y Gustavo Adolfo Montejo Casas; el intendente Eduardo Parra Ceballos; los tenientes Heyler Antonio Fracica Sarmiento, Fredy Antonio Ciprián Díaz y Fabián Leandro León Rodríguez; y el inspector jefe Salvador Del Cristo Jiménez Palencia.
Asimismo, compulsó copias para que se investigue al director titular de la cárcel, Édgar Iván Pérez Ortega, por presuntamente haber realizado cambios en los turnos de manera informal.
El escándalo estalló el 9 de abril, cuando la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla publicó en sus redes sociales fotos y videos en los que se observa al cantante vallenato Nelson Velásquez interpretando canciones ante un grupo de internos que compartían comida y bebidas alcohólicas en mesas dispuestas dentro del pabellón de alta seguridad, donde permanecen recluidos voceros de estructuras criminales del Valle de Aburrá vinculadas a los diálogos de paz urbana con el Gobierno.
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, reconoció que el evento no fue autorizado por el Gobierno ni por la dirección del Inpec y señaló que «hubo entrada de licor, de alimentos y de personas que no debieron ingresar» y fallas en «los filtros».
Admitió además que el ingreso de elementos prohibidos podría implicar «una posible corrupción» dentro del sistema penitenciario.
Tras conocerse los hechos, el Inpec removió al director del penal y al comandante de vigilancia, y el equipo negociador del Gobierno suspendió la interlocución con los voceros de las estructuras criminales.
El Ejecutivo también inició el procedimiento administrativo para trasladar a Bogotá a los reclusos vinculados a la mesa de paz urbana que protagonizaron la celebración, proceso que requería una petición formal de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz ante el Inpec para determinar los pabellones disponibles.
/Colprensa.
