El presidente, Gustavo Petro, respondió este miércoles a la sanción de 15 salarios mínimos impuesta por un juez administrativo de Bogotá por incumplir un fallo de tutela que le ordenaba retractarse de sus afirmaciones contra el dueño y exgerente de la EPS Coosalud, Jaime Miguel González Montaño, publicando un mensaje en el que ratificó que el directivo es un corrupto y exigiendo que la Fiscalía procese a los miembros de la junta directiva por su participación en el presunto desvío de recursos públicos.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, que analizó el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que había protegido los derechos al buen nombre, la honra y el debido proceso de González Montaño. En ese fallo se ordenó al mandatario retractarse y ofrecer excusas públicas en un plazo de cinco días.
El despacho señaló que la orden era clara y no requería interpretaciones adicionales, al precisar que el presidente debía “retractarse y presentar excusas públicas al accionante por las declaraciones rendidas”. Según el juez, esa obligación no fue cumplida.
En el análisis del incidente de desacato, el juzgado indicó que “sin un motivo jurídicamente atendible, intencionalmente PETRO URREGO se ha sustraído de las órdenes impuestas por el Tribunal”, y agregó que el mandato era “vinculante y plenamente exigible”.
También señaló que la orden judicial no contenía ambigüedades y que desde el inicio se definieron los elementos necesarios para su cumplimiento, por lo que no existía margen de discrecionalidad sobre la forma de acatarla.
El fallo incluyó apartes en los que el juez cuestionó el desconocimiento de una decisión en firme, al indicar que esta “ostenta la autoridad de la cosa juzgada y cuyo acatamiento ya no admite más dilación”. Además, advirtió que la presunción de inocencia del accionante debía mantenerse y no podía ser puesta en duda por declaraciones públicas.
*Reacción del presidente Petro*
Tras la difusión de la multa, Petro publicó un texto reiterando sus posturas iniciales y manifestando que «el señor ex gerente de Coosalud, señor González, es un corrupto». El mandatario agregó que los integrantes de la junta directiva de la entidad deben ser procesados por el ente acusador, «así sean familiares de expresidentes».
El jefe de Estado justificó su posición argumentando que una auditoría forense demostró que «fue garantizado un préstamo a empresas privadas ligadas al gerente por más de 200.000 millones de pesos con garantía de recursos públicos».
En su pronunciamiento, Petro indicó que los «corruptos y ladrones de la salud son corruptos y ladrones», y retó las consecuencias legales de sus afirmaciones al declarar que pueden arruinarlo con multas y cárcel si quieren, recordando su paso por la Alcaldía, pero enfatizó que no se callará ante «el robo de la salud».
El primer mandatario exigió respuestas al hermano de Francisco Santos y al expresidente Andrés Pastrana, a quienes identificó textualmente en su mensaje como miembros de la junta de «Saludcoop», cuestionando por qué autorizaron el préstamo al gerente González. Asimismo, criticó al juez de la causa porque, según su declaración, «no leyó el informe de auditoría forense hecho a Saludcoop».
El litigio judicial inició a finales de 2024, tras la intervención de Coosalud por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. En ese periodo, Petro denunció que desde la entidad «se robaron 221.000 millones de pesos de los recursos públicos», señalando que la EPS fungió como fiadora de una compañía privada representada legalmente por González para respaldar el crédito.
Posteriormente, en una alocución presidencial transmitida desde Cartagena el 15 de julio de 2025, el mandatario aseveró que en la cooperativa «se robaron la plata» y que los miembros originarios perdieron el control por cometer «el error de nombrar un señor de gerente que es un bandido», en alusión directa a González Montaño.
De forma paralela, el presidente extendió los señalamientos a la junta directiva en sus intervenciones y redes sociales, afirmando que en dicho órgano tenían participación familiares de exmandatarios, mencionando de forma puntual a Jaime Pastrana Arango y exigiendo que respondieran por la autorización de las transacciones.
/Colprensa.
