El escándalo por una fiesta al interior de la cárcel de Itagüí, en Antioquia, sigue sumando elementos y versiones sobre cómo fue posible el ingreso de un grupo musical, licor y otros elementos prohibidos a un pabellón de alta seguridad donde permanecen recluidos voceros de estructuras criminales vinculadas al proceso de paz urbana.
Frente a esto, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, confirmó en entrevista con Blu Radio que el Gobierno no autorizó el evento y que lo ocurrido obedeció a fallas en los controles de ingreso al penal.
Según explicó, los internos vinculados a la mesa de diálogo cuentan con un régimen especial de visitas los días miércoles, que les permite recibir a varias personas, lo que habría facilitado el ingreso de múltiples asistentes.
“Hubo entrada de licor, de alimentos y de personas que no debieron ingresar. Fallaron los filtros”, señaló el ministro, quien además calificó el hecho como “penoso” y ofreció excusas en nombre del Gobierno.
De acuerdo con el Ministro de Justicia, el grupo musical no ingresó formalmente como tal, sino que habría sido registrado como parte de los visitantes autorizados, lo que permitió el acceso sin levantar alertas iniciales.
Sin embargo, el ingreso de equipos de sonido, licor y otros elementos evidenció fallas graves en los controles.
“Para que ingresaran estos elementos tuvieron que pasar cosas que las investigaciones deben establecer, incluida una posible corrupción”, reconoció el jefe de la cartera de Justicia.
También señaló que el pago del evento no se habría realizado dentro del penal, sino a través de un intermediario externo, y reconoció que el ingreso de elementos prohibidos a cárceles del país es un problema recurrente, asociado en muchos casos a redes de corrupción dentro del sistema penitenciario.
“Frecuentemente se encuentran celulares, licor y otros elementos prohibidos en operativos. Es un problema estructural”, señaló.
El funcionario indicó que, de acuerdo con la información preliminar, el evento habría sido organizado por un grupo reducido de internos y no por la totalidad de los voceros del proceso. Incluso mencionó que alias «Douglas», uno de los principales jefes de estas estructuras, no habría participado en la actividad
Precisamente, José Leonardo Muñoz Martínez, alias «Douglas», señalado jefe de la Oficina de Envigado y vocero reconocido en el proceso de paz urbana, quien cumple una condena de 32 años de prisión, difundió un comunicado en el que negó cualquier relación con los hechos.
En el documento aseguró que el día de los hechos se encontraba en otro pabellón recibiendo visita familiar y afirmó que no contrató ni tuvo contacto con el artista. También rechazó cualquier violación a las normas del establecimiento y pidió que se investigue a los verdaderos responsables.
El caso salió a la luz tras la denuncia de la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla, quien publicó videos en los que se observa al cantante vallenato Nelson Velásquez interpretando canciones ante un grupo de internos que comparten comida y bebidas alcohólicas en mesas dispuestas dentro del penal.
Tras conocerse los hechos, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) removió al director de la cárcel de Itagüí y al comandante de vigilancia, además de abrir investigaciones disciplinarias contra siete funcionarios.
Paralelamente, la delegación del Gobierno en la mesa de paz urbana anunció la suspensión de la interlocución con los voceros de las estructuras criminales hasta esclarecer lo ocurrido.
/Colprensa.
