Más de 10 millones de personas en Colombia han sido víctimas del conflicto armado, según informó la Defensoría del Pueblo, que en el Día Nacional de las Víctimas reiteró el llamado al Estado para avanzar en la implementación de la Ley 2421 de 2024, en un escenario donde la norma aún no cuenta con una reglamentación completa.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, señaló que “no son una cifra: son vidas marcadas por la violencia, con historias y realidades diversas que exigen respuestas diferenciadas”, al referirse a la magnitud del impacto del conflicto en el país.
En su intervención, la funcionaria indicó que la memoria cumple un papel dentro de los procesos relacionados con las víctimas. “La memoria es un compromiso con la verdad y una condición necesaria para la reconciliación”, afirmó.
La Ley 2421 de 2024, aprobada en agosto de ese año, modificó el marco de atención a víctimas establecido en la Ley 1448 de 2011 al ampliar la definición de víctima, extender los plazos para la declaración de hechos victimizantes y establecer medidas de reparación integral que incluyen restitución, indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición.
De acuerdo con lo establecido en la norma, también se introdujeron disposiciones orientadas a fortalecer la coordinación entre las entidades encargadas de la atención, asistencia y reparación de esta población.
La Defensoría del Pueblo señaló que el Estado mantiene una deuda con las víctimas y pidió avanzar en la reglamentación de la ley para garantizar su aplicación. “Es urgente avanzar en la reglamentación e implementación de la Ley 2421 de 2024, para garantizar respuestas integrales en asistencia, atención y reparación”, indicó la entidad.
Aunque la ley entró en vigencia tras su aprobación, su desarrollo normativo continúa en proceso y se han registrado avances parciales en áreas específicas, relacionadas con medidas de atención y reparación para determinados grupos de víctimas.
En ese contexto, la Defensoría indicó que la implementación de la norma debe permitir el restablecimiento de derechos de las víctimas, en un escenario donde persisten necesidades en materia de acceso a servicios, reconocimiento y reparación frente a los hechos ocurridos durante el conflicto armado.
/Colprensa
