La Contraloría General de la República adelanta este jueves una actuación de Policía Judicial tanto en la Nueva EPS como en la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), con el propósito de recaudar información financiera y establecer la condición actual del sistema de aseguramiento en salud del país, en el marco de las medidas adoptadas durante los últimos 18 meses frente a las EPS intervenidas y ante la ausencia reiterada de estados financieros de la Nueva EPS.
“Ante la preocupación institucional por la situación financiera asociada a la prestación de los servicios de salud y considerando la ausencia reiterada de estados financieros de la Nueva EPS, la Contraloría (…) adelanta una actuación de Policía Judicial en la Nueva EPS y en la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud)”, explicó el órgano de control.
La información que se reúna en esta diligencia constituirá un insumo técnico para la valoración de eventuales actuaciones en los ámbitos fiscal y disciplinario, conforme a las competencias de las autoridades correspondientes.
La actuación de la Contraloría se produce en un momento crítico para la Nueva EPS, que es la entidad de salud con mayor número de afiliados en Colombia. La medida de intervención gubernamental sobre la EPS venció el pasado 2 de abril de 2026 y no fue renovada, dejando sin definir el futuro administrativo y jurídico de la entidad.
Un día antes de que se conociera esta actuación de la Contraloría, la Procuraduría General de la Nación le exigió a Supersalud que, en un plazo de tres días hábiles, respondiera si todavía existen razones legales para que el Gobierno siga controlando la Nueva EPS. A través de un documento dirigido a Luz Marina Múnera, Superintendente Nacional de Salud encargada del caso, la Procuradora Delegada Mónica Andrea Ulloa Ruíz presentó siete preguntas concretas que Supersalud debe responder con documentos de respaldo.
La pregunta central del requerimiento de la Procuraduría es si Nueva EPS sigue presentando los problemas financieros, administrativos y jurídicos que en su momento justificaron que el Gobierno tomara el control de la entidad.
LAS FALLAS DOCUMENTADAS
Los documentos que acompañan el requerimiento de la Procuraduría detallan que Nueva EPS acumula fallas en varias áreas que no fueron resueltas durante el tiempo que permaneció bajo control del Gobierno.
En el manejo del dinero del sistema de salud, el informe señala que la EPS no puso en marcha controles efectivos sobre los recursos que recibe del Estado, y que los pagos adelantados a médicos y clínicas —que deberían ser una medida excepcional— se convirtieron en práctica habitual para resolver problemas en la red de servicios y atender líos judiciales derivados de la falta de representación legal.
En el procesamiento de cuentas médicas, la EPS utilizó hasta agosto de 2025 un sistema manual y obsoleto que generó demoras y errores. Aunque desde septiembre de ese año activó un nuevo sistema, el informe concluye que los retrasos acumulados no se resolvieron y que el flujo de trabajo no es sostenible.
En materia tecnológica, el panorama descrito es de rezago generalizado: infraestructura obsoleta, fallas en seguridad informática, procesos de facturación atrasados y dependencia de un solo centro de datos, lo que expone a la EPS a riesgos ante fallas o ataques cibernéticos. El giro de recursos, además, aún se maneja en hojas de cálculo de Excel.
En contratación, el informe advierte que persisten contratos verbales con proveedores —sin documento escrito— y una concentración de pocos actores en la cadena de servicios, lo que genera riesgos legales, financieros y de imagen para la entidad.
La Procuraduría también solicitó copias de los informes internos de seguimiento, las actas de reuniones y los reportes de la funcionaria designada para vigilar las finanzas de la EPS durante la intervención, incluyendo un informe de febrero de 2026 que debía haberse entregado el 10 de marzo y que, al momento del requerimiento, no había sido recibido.
/Colprensa
