El proceso judicial contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, entra en una fase decisiva esta semana, luego de haber sido imputado por la Fiscalía por el delito de tráfico de influencias, el exgerente de la campaña Petro Presidente deberá enfrentar una nueva audiencia en la que se le imputarán cargos por la presunta violación de los topes electorales en 2022.
La diligencia, programada para este miércoles 8 de abril a las 9:00 a.m. en el Complejo Judicial de Paloquemao, había sido aplazada semanas atrás por solicitud del propio Roa y ahora marca el inicio formal del proceso penal por este segundo frente judicial.
Este caso se suma a la imputación ya realizada el pasado 11 de marzo por tráfico de influencias, relacionada con la compra de un apartamento en Bogotá a un precio presuntamente inferior al del mercado y a posibles favorecimientos contractuales posteriores desde Ecopetrol.
La audiencia de este miércoles corresponde a la etapa de imputación de cargos, en la que la Fiscalía expondrá formalmente los hechos jurídicamente relevantes y el delito que se le atribuye a Roa. En esta fase, el funcionario podrá aceptar o no los cargos.
Si decide no aceptar, como ha ocurrido en el proceso por tráfico de influencias, el caso avanzará hacia la etapa de acusación, en la que la Fiscalía deberá presentar pruebas ante un juez para llevarlo a juicio.
El caso penal tiene como antecedente una decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que ya había determinado que la campaña Petro Presidente superó los límites de financiación en más de $5.300 millones, mediante gastos no reportados y aportes omitidos, señalando como responsables a sus directivos financieros, entre ellos Roa.
Aunque esa sanción fue de carácter administrativo por parte del CNE, sirvió de base para las investigaciones penales que ahora adelanta la Fiscalía.
En el mismo expediente también están bajo la lupa otros integrantes de la campaña, entre ellos el hoy ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Además, la Fiscalía mantiene abiertas la investigación en torno a la trazabilidad de los recursos, lo que podría derivar en nuevas imputaciones si se comprueba la participación de terceros en la financiación irregular.
/Colprensa.
