Dos civiles resultaron gravemente heridos el 6 de abril de 2026 en la vereda Cuatro Esquinas del municipio de El Tarra, en la región del Catatumbo, luego de que grupos armados lanzaron artefactos explosivos mediante drones en el marco de combates entre las disidencias del Frente 33 de Calarcá y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en las veredas aledañas al corregimiento de Filo Gringo.
La Personería Municipal de El Tarra emitió un comunicado en el que expresó «profunda preocupación frente a los hechos de violencia que se han venido presentando de manera reiterada» en la zona.
El personero municipal, Jerson Andrey Figueroa Robles, señaló que los hechos «constituyen una grave vulneración a los derechos fundamentales de la población, en especial al derecho a la vida, la integridad personal y la seguridad».
La Personería rechazó los actos y consideró «inaceptable que comunidades campesinas, familias, niños, niñas y adultos mayores se vean expuestos a este tipo de acciones que atentan contra su dignidad y bienestar».
En consecuencia, hizo «un llamado urgente a los grupos armados al margen de la ley para que se abstengan de ejecutar este tipo de acciones en zonas habitadas y mantengan al margen a la población civil, en estricto cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario».
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortíz, reaccionó al comunicado de la Personería mediante su cuenta en X y advirtió que los enfrentamientos entre el Frente 33 de Calarcá y el ELN en Filo Gringo no se han detenido.
«Lo diremos una y mil veces, hasta que escuchen: son crímenes y la gente del Catatumbo tiene derecho a la paz, una paz que se construya mirando a la gente y sus derechos», escribió Marín Ortíz, con menciones directas al Ministerio del Interior, al Comisionado de Paz y a la Consejería de Derechos Humanos.
/Colprensa.

