Cinco organizaciones defensoras de la libertad de prensa y los derechos de las mujeres emitieron un comunicado conjunto en el que respaldaron a las periodistas colombianas que han denunciado violencias basadas en género dentro de los medios de comunicación, y exigieron a empresas privadas, academia y autoridades activar de forma inmediata protocolos reales de protección, transparencia editorial y garantías de no represalia para quienes decidan alzar la voz.
El pronunciamiento, firmado bajo el nombre de la Alianza por la Igualdad de las Mujeres en los Medios, reunió a la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Fundación Karisma, la Asociación Consejo de Redacción y Colnodo, y llegó días después de que varias periodistas denunciaran públicamente presunto acoso sexual contra dos de los presentadores más reconocidos de Noticias Caracol —Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego— y contra Hollman Morris, gerente del sistema de medios públicos RTVC, sacudiendo una industria que históricamente había resuelto estas situaciones puertas adentro y en voz baja.
Las cinco organizaciones fueron precisas en su diagnóstico: el acoso sexual, el acoso laboral y el abuso de poder en las redacciones no son incidentes aislados ni disputas laborales de carácter privado. En su comunicado señalaron que se trata de «violaciones a los derechos humanos que vulneran el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias» y que constituyen, al mismo tiempo, «una grave afectación a la libertad de expresión, al limitar, silenciar y expulsar a las mujeres del ejercicio periodístico y de la comunicación».
Frente a esa realidad, la Alianza exigió tres medidas concretas. Primero, la activación inmediata de rutas de protección y protocolos para prevenir, atender y sancionar las violencias de género en los espacios de trabajo periodístico. Segundo, la adopción de mecanismos de denuncia externos, independientes y seguros, que impidan que las víctimas queden atrapadas en estructuras donde el agresor conserva poder. Y tercero, garantías de reparación integral con enfoque de género que aseguren que denunciar no traiga como consecuencia despidos, vetos ni ninguna forma de castigo encubierto.
Las denuncias de esta semana no surgieron en el vacío. Las organizaciones firmantes llevan años documentando la magnitud de un problema que el sector mediático colombiano prefería no nombrar. Un estudio de la campaña «No Es Hora de Callar» y el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes estableció que 6 de cada 10 mujeres periodistas en Colombia sufrieron violencia de género en sus propios espacios de trabajo, y que el 77,9 % conoció de primera mano agresiones contra alguna de sus colegas. El informe concluyó que se trata de un ataque directo a la participación femenina en la vida pública.
Los datos sobre quién agrede resultaron aún más reveladores. El 79,3 % de las víctimas identificó a alguien con un cargo superior como el responsable, y el 56,1 % apuntó directamente a sus propios pares de trabajo. Esa dinámica, según los investigadores, perpetuó un ambiente hostil que obligó a muchas mujeres a soportar tratos degradantes en una profesión que castigó sistemáticamente su género.
Las consecuencias se tradujeron en decisiones forzadas que afectaron directamente la calidad del periodismo: el 37 % de las profesionales abandonó su espacio de trabajo, el mismo porcentaje dejó de consultar fuentes clave, y un 24 % soltó temas de investigación enteros para evitar el contacto con sus agresores.
El dosier «Periodistas Sin Acoso», elaborado en 2021 por la Fundación Karisma y la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, coincidió con ese diagnóstico al establecer que el 67 % de las comunicadoras del país sufrió acoso sexual en ejercicio de sus funciones, y advirtió que el ecosistema informativo colombiano enfrenta una fuga de talentos impulsada por violencias machistas cuyo objetivo es expulsar a las mujeres del oficio.
*El Estado reacciona, pero con rezago*
El escándalo no se quedó en los pasillos del canal. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, ordenó el ingreso de inspectores laborales a Caracol Televisión y anunció visitas a otros medios, con un argumento directo: los mecanismos internos de las empresas no las eximen de la vigilancia del Estado. La Fiscalía General de la Nación, por su parte, abrió una indagación de oficio y habilitó el correo denuncia.acoso@fiscalia.gov.co para recibir testimonios bajo protección.
El Ministerio de Justicia y la Escuela Superior de Administración Pública acogieron, además, el programa «No Es Hora de Callar» de la periodista Jineth Bedoya, con el objetivo de capacitar obligatoriamente a la fuerza pública y a los operadores de justicia. El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo Restrepo, señaló que muchas mujeres desisten de sus procesos por miedo a no ser creídas, y que reparar a las víctimas exige transformar la manera en que el Gobierno escucha y actúa.
Sin embargo, las organizaciones que firmaron el comunicado advirtieron que las reacciones institucionales no bastan si no van acompañadas de cambios estructurales. Recordaron que el marco jurídico para actuar ya existe: la Sentencia T-140 de 2021 de la Corte Constitucional ordenó a las empresas periodísticas identificar riesgos y aplicar políticas con enfoque de género, y el Convenio 190 de la OIT, ratificado por Colombia, establece que los empleadores tienen la obligación legal de garantizar entornos libres de violencia y mecanismos de reparación que no revictimicen a las denunciantes. El problema, documentaron las investigaciones, no es la ausencia de normas: es que no se aplican.
Para la Alianza por la Igualdad de las Mujeres en los Medios, el momento actual no admite gestos simbólicos. Su comunicado cerró con una exigencia que, en sus palabras, busca ser compatible con el ordenamiento jurídico colombiano y los compromisos internacionales del Estado: que estas violencias sean «prevenidas, atendidas, investigadas y sancionadas con la debida diligencia», porque permitir que el acoso se perpetúe, como advirtió la FLIP, significa dejar que el miedo decida qué historias pueden contarse en el país.
/Colprensa.
