Durante un consejo de Seguridad en la Estación de Policía de Riohacha, con los altos mandos militares y autoridades civiles se ofreció una recompensa de 50 millones de pesos por responsables de los casos de terrorismo.
Hasta 50 millones de pesos de recompensas por información que conduzca a la captura d los responsables de los atentados contra el tren carbonero de Cerrejón, en el norte de La Guajira, ofrecen las autoridades civiles y militares.
Fue en las instalaciones de la Estación de Policía de Riohacha se llevó a cabo un Consejo de Seguridad Extraordinario donde se analizó y adoptaron medidas frente a los hechos registrados el pasado domingo en las vías férreas de la multinacional Cerrejón.
De la reunión participaron la Secretaría de Gobierno departamental, liderada por Misael Velásquez; el secretario de Gobierno de Uribia, René Lindarte; así como la Policía Nacional, el Ejército, Migración Colombia y representantes de la empresa, quienes evaluaron la situación de orden público y definieron estrategias conjuntas para reforzar la seguridad en la zona.
Como resultado, las autoridades anunciaron dicha recompensa por el valor mencionado, para quienes suministren información que permita identificar y judicializar a los responsables, con el propósito de avanzar en las investigaciones y lograr resultados concretos.
Durante el encuentro también se abordó el caso de una joven embarazada que resultó herida en medio de los hechos, quien actualmente recibe atención médica.
“Estos hechos no solo afectan la infraestructura estratégica del departamento, sino que también ponen en riesgo la tranquilidad de nuestras comunidades. Desde el territorio estamos actuando, pero es necesario un mayor respaldo del Gobierno Nacional, entendiendo las condiciones particulares de La Guajira, su frontera y las alertas que hoy están vigentes”, afirmó el secretario de Gobierno departamental, Misael Velásquez.
Los resultados de este consejo de seguridad serán remitidos al Gobierno Nacional, como parte de las gestiones orientadas a robustecer la capacidad de respuesta institucional frente a los retos de orden público en el departamento.
