José Humberto Torres Díaz, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, destacó la urgencia de un acuerdo entre la URT, Fiscalía y Defensoría para acompañar a las víctimas de despojo, fortalecer la justicia y asegurar la reparación integral de sus derechos.
La impunidad en los casos de despojo de tierras que afectaron a miles de campesinos en los departamentos de Magdalena y Atlántico continúa siendo un desafío crítico para las autoridades y las comunidades afectadas. En este contexto, la Dirección Territorial Magdalena–Atlántico de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), bajo la dirección de José Humberto Torres Díaz, propuso la suscripción de un convenio interadministrativo que involucre a la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la URT. El objetivo del acuerdo es fortalecer la coordinación institucional y garantizar que los procesos penales relacionados con el despojo avancen de manera efectiva y en beneficio de las víctimas.
Según lo planteado por la URT, el convenio permitiría que la Defensoría del Pueblo asuma la representación judicial de los afectados en los procesos penales que tramita la Fiscalía. Estos procesos se originan a partir de compulsas de copias ordenadas por jueces especializados en restitución de tierras y por el Tribunal Superior del Distrito de Cartagena, quienes identifican a los presuntos responsables del despojo. Paralelamente, la Fiscalía se encargaría de dar celeridad a las investigaciones y la URT mantendría su acompañamiento a las víctimas, supervisando el cumplimiento y la ejecución de las órdenes judiciales emitidas por los tribunales competentes.
José Humberto Torres destacó que, aunque se han registrado avances importantes en los procesos de restitución de tierras y en la implementación de proyectos productivos para las comunidades afectadas, la impunidad continúa favoreciendo a actores armados y a empresas multinacionales que se beneficiaron del despojo de miles de familias en la región Caribe. Señaló además que los procesos penales requieren un seguimiento más riguroso por parte de las autoridades para garantizar que las investigaciones no se queden sin resultados y que los responsables sean efectivamente procesados.
El director territorial explicó que, con el fin de conocer el estado actual de los procesos, remitió oficios a la Fiscalía solicitando información sobre el número de investigaciones abiertas y su avance, especialmente aquellas derivadas de casos tramitados por la URT en Magdalena y Atlántico. En este sentido, afirmó que la suscripción del convenio propuesto permitirá consolidar una coordinación más efectiva entre las entidades involucradas, garantizando que las víctimas cuenten con acompañamiento judicial y que los despojadores respondan ante la justicia.
“La impunidad es una herida abierta que solo podrá sanar si la Fiscalía actúa con diligencia y escucha el clamor de las víctimas. La justicia que reclaman no puede seguir siendo un ideal lejano, debe ser el camino”, concluyó Torres, enfatizando la necesidad de acciones concretas que aseguren la protección de los derechos de los campesinos afectados y la reparación de los daños ocasionados.
