La disputa territorial entre actores armados agrava la crisis humanitaria, por lo que la Defensoría reitera el llamado a respetar los principios de distinción y precaución.Pero además, ha pedido un cese al fuego para poner a salvo a la población civil.
De 48 toneladas de ayuda humanitaria, solo una parte ha llegado a la comunidad arhuaca confinada en la Sierra Nevada de Santa Marta, mientras persisten los riesgos por enfrentamientos y la falta de atención oportuna.
La emergencia humanitaria en la Sierra Nevada de Santa Marta se profundiza con el paso de los días. Desde el 6 de marzo, cientos de familias del pueblo arhuaco permanecen confinadas en sus territorios ancestrales, atrapadas en medio de un conflicto armado que limita su movilidad y pone en riesgo su supervivencia. Las comunidades, acostumbradas a vivir de la agricultura, el tejido cultural y la recolección de recursos de su entorno, se ven ahora impedidas de realizar sus actividades cotidianas, lo que no solo afecta su sustento económico, sino también su vínculo con la tierra y la naturaleza, pieza central de su cosmovisión.
Comunidades como Serankwa y Dwanawimaku enfrentan una situación crítica: la imposibilidad de desplazarse impide el acceso a alimentos, agua potable y atención médica. En muchos casos, las rutas tradicionales de abastecimiento han quedado bloqueadas por la presencia de actores armados ilegales, lo que ha obligado a las familias a racionar alimentos y recurrir a prácticas de subsistencia cada vez más precarias. Los ancianos relatan cómo los niños comen menos de lo necesario, y cómo algunas familias dependen de cultivos de autoconsumo que no alcanzan para todos, generando tensiones y estrés dentro de los hogares.
La Defensoría del Pueblo ha advertido que al menos 465 familias, equivalentes a 2.581 personas, continúan a la espera de una respuesta integral del Estado. La entidad ha hecho un llamado urgente a instituciones como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y la Unidad para las Víctimas para que articulen acciones inmediatas que permitan garantizar la entrega efectiva de ayuda humanitaria. Este llamado enfatiza la necesidad de coordinación entre autoridades locales, regionales y nacionales, así como la participación de organismos internacionales cuando la magnitud de la crisis supera los recursos disponibles.
Sin embargo, la respuesta ha sido limitada frente a la magnitud de la crisis. De las cerca de 48 toneladas de ayuda programadas, solo una parte ha logrado llegar a las comunidades. Mientras 8,55 toneladas fueron entregadas por vía terrestre y 15 mediante operaciones helicoportadas, cerca de 24 toneladas permanecen almacenadas en el municipio de Aracataca, sin una fecha clara para su distribución. Este retraso ha prolongado el confinamiento y agravado la escasez de bienes esenciales. Familias enteras continúan dependiendo de la solidaridad de vecinos y de pequeñas organizaciones locales, mientras esperan que la ayuda estatal llegue de manera efectiva.
En terreno, la Defensoría ha mantenido presencia activa. Ha participado en consejos de seguridad y comités de justicia transicional, además de acompañar misiones humanitarias junto al Cabildo Gobernador Arhuaco, Luis Enrique Salcedo Zalabata, la Gobernación del Magdalena y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Uno de estos esfuerzos permitió la entrega de 130 kits humanitarios en inmediaciones de la comunidad de Gunmaku, así como la inclusión de familias de la vereda Palestina en los registros oficiales de atención, tras haber sido inicialmente excluidas. Estas acciones muestran avances puntuales, pero no logran cubrir la totalidad de la población afectada, dejando a muchas familias sin asistencia adecuada y aumentando la sensación de abandono estatal.
AYUDA INSUFICIENTE
A pesar de estos avances puntuales, las condiciones siguen siendo alarmantes. El confinamiento no solo afecta la alimentación y la salud, sino que también impacta profundamente la vida cultural y espiritual del pueblo arhuaco. La imposibilidad de transitar libremente por su territorio limita prácticas ancestrales, rituales y formas de organización comunitaria, fundamentales para su pervivencia como pueblo indígena. La falta de acceso a ceremonias y sitios sagrados puede generar efectos psicosociales graves, debilitando el sentido de identidad y cohesión comunitaria.
CONFLICTO ARMADO
El trasfondo de esta crisis es la disputa territorial entre el denominado Clan del Golfo (EGC) y los llamados Conquistadores de la Sierra Nevada (ASCN), grupos armados ilegales que buscan el control de corredores estratégicos en la región. Esta confrontación ha dejado a las comunidades indígenas en medio de las hostilidades, expuestas a amenazas, restricciones y posibles hechos de violencia. La militarización de la zona y la presencia de armamento pesado han generado un ambiente de temor constante, afectando especialmente a mujeres, niños y ancianos.
LLAMADO AL DIH
Frente a este escenario, la Defensoría reiteró el llamado a respetar el Derecho Internacional Humanitario, especialmente los principios de distinción y precaución. Insiste en que la población civil no debe ser involucrada en el conflicto ni utilizada como escudo, y que es obligación de los actores armados evitar cualquier afectación a las comunidades. La entidad enfatiza que cualquier vulneración puede constituir crímenes de guerra y exige mecanismos de supervisión para proteger a los civiles.
ALERTAS TEMPRANAS
Asimismo, la entidad subrayó la necesidad de implementar de manera urgente las Alertas Tempranas 013 y 020 de 2025, que advierten sobre los riesgos en la zona y contienen recomendaciones específicas para prevenir violaciones a los derechos humanos. Estas alertas, si se cumplen de manera efectiva, podrían evitar nuevos desplazamientos forzados y mitigar los impactos del conflicto sobre la población civil.
CRISIS PERSISTENTE
Mientras tanto, en Sierra Nevada la crisis continúa sin resolverse. Las comunidades arhuacas siguen esperando una respuesta efectiva que no solo garantice la entrega de ayuda humanitaria, sino también su protección integral. En juego no está únicamente la atención de una emergencia, sino la vida, la dignidad y la continuidad cultural de uno de los pueblos indígenas más representativos del país. La falta de intervención efectiva pone en riesgo la pervivencia del conocimiento ancestral, la transmisión de la lengua y la cohesión social de estas comunidades.
