La Embajada de Colombia en Estados Unidos desestimó los recientes reportes de prensa que sugirieron la existencia de indagaciones preliminares en Nueva York contra el presidente Gustavo Petro por supuestos nexos con el narcotráfico y financiación ilegal, argumentando que estas publicaciones se basaron en fuentes anónimas carentes de hallazgos y exigiendo que dichas versiones no verificadas se abordaran con la máxima cautela en su contexto integral.
El cuerpo diplomático aclaró que ninguna autoridad competente emitió determinación o notificación formal alguna frente a este caso, por lo que concluyó que las insinuaciones allí contenidas «carecen de fundamento jurídico y fáctico».
A través del documento oficial divulgado en la capital estadounidense, la entidad defendió al mandatario y explicó que, a lo largo de su vida pública, enfrentó «de manera consistente e inequívoca la criminalidad», tanto en el territorio nacional como durante los años en los que se vio obligado al exilio tras denunciar actos ilícitos.
El pronunciamiento de la Cancillería respondió directamente a las publicaciones reveladas por The New York Times y la agencia Associated Press (AP), cuyos reportes detallaron que fiscalías de Manhattan y Brooklyn, en conjunto con agentes de la DEA, presuntamente perfilaron al jefe de Estado como un objetivo prioritario.
Según estas versiones, las autoridades norteamericanas indagaron posibles reuniones de la campaña de 2022 con carteles de la droga y sospecharon de la entrada de donaciones ilícitas provenientes de estructuras criminales como el cartel de Sinaloa.
Las pesquisas divulgadas por la prensa internacional también cuestionaron los alcances de la política gubernamental de ‘Paz Total’, al exponer hipótesis sobre supuestos sobornos exigidos a capos recluidos en la cárcel La Picota a cambio de frenar sus extradiciones a Estados Unidos y otorgarles beneficios.
En este escenario, los medios extranjeros recordaron los actuales procesos judiciales que enfrentan Nicolás Petro Burgos y Juan Fernando Petro, hijo y hermano del presidente respectivamente, acusados de buscar apoyos financieros irregulares y de sostener negociaciones paralelas con narcotraficantes presos.
Frente al peso de estos señalamientos, el Gobierno colombiano reiteró que la trayectoria presidencial evidenció una acción sostenida, visible y firme contra la ilegalidad, remarcando su lucha contra organizaciones transnacionales vinculadas al narcotráfico.
La embajada señaló que el historial de Petro refleja un compromiso constante con la justicia y la integridad institucional, y enfatizó que sus acciones se sustentan «en hechos comprobables, no en versiones especulativas».
Finalmente, el documento oficial ratificó la solidez de las instituciones democráticas del país, así como su respeto por el debido proceso y el Estado de derecho. El Ejecutivo aseguró que continuará colaborando con sus socios en la región y en el ámbito global mediante los canales establecidos, abordando estas situaciones con la seriedad que requieren.
/Colprensa.
