El vehículo, una Nissan Frontier modelo 2017 avaluada en más de 150 millones de pesos, permanecía inmovilizado desde 2023 en el parqueadero ‘Talleres Unidos’, ubicado sobre la Troncal del Caribe, en el sector de Gaira.
Según documentos del proceso, la camioneta habría sido trasladada en una grúa hasta la ciudad de Bucaramanga, Santander, sin orden judicial ni autorización del propietario o de la entidad bancaria.
Una delicada denuncia fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación por parte del abogado Jairo Barrera Cuéllar, quien alertó sobre la presunta desaparición de una camioneta que se encontraba bajo custodia en patios administrados por la rama judicial en Santa Marta.
De acuerdo con el jurista, el caso involucra a un cliente suyo que atravesaba una situación económica con una entidad bancaria, la cual derivó en la inmovilización de una camioneta Nissan Frontier modelo 2017, avaluada en más de 150 millones de pesos. El vehículo permanecía retenido desde el año 2023 en un parqueadero de razón social ‘Talleres Unidos’ ubicado sobre la Troncal del Caribe, en el sector de Gaira.
Según explicó Jairo Barrera Cuéllar, tras llegar a un acuerdo con la entidad financiera y saldar la deuda, el banco emitió la respectiva orden de devolución del automotor dirigida tanto al parqueadero como al juzgado que había ordenado la medida. Sin embargo, al momento de reclamar el vehículo, se encontró con una respuesta inesperada.
“El carro no está aquí”, habría sido la contestación recibida en el lugar, según relató el abogado, quien además aseguró que no obtuvo información clara en las dependencias judiciales a las que acudió posteriormente, lo que lo obligó a interponer derechos de petición y una acción de tutela para obtener respuestas.
La situación tomó un giro aún más preocupante cuando, en respuesta a la tutela, las autoridades confirmaron que el vehículo había sido retirado del parqueadero sin orden judicial ni autorización del propietario. “Literalmente el carro se lo robaron”, afirmó el abogado, quien ya interpuso las respectivas denuncias ante la Fiscalía.
De acuerdo con los documentos conocidos en medio del proceso, el administrador del parqueadero, identificado como Eder José Chávez, habría autorizado de manera autónoma el traslado del vehículo en una grúa hacia la ciudad de Bucaramanga, Santander, a un parqueadero de razón social ‘Carrillo Asociados S.A.S’, sin que existiera orden judicial ni instrucción por parte del banco o del dueño del automotor.
El abogado también reveló que, según la misma comunicación oficial, no se trató de un caso aislado, ya que junto con la camioneta de su cliente habrían sido trasladados al menos otros cinco vehículos en condiciones similares, lo que genera preocupación sobre posibles irregularidades en la administración de estos patios. “Lo más grave es la falta de respuesta y la actitud de la administración de justicia. Hemos tenido que recurrir a acciones judiciales para obtener información básica, y aun así no hay claridad sobre el paradero del vehículo ni responsables”, manifestó Jairo Barrera Cuéllar.
El jurista advirtió que este caso pone en entredicho la confianza de los ciudadanos en las instituciones, especialmente en situaciones donde bienes quedan bajo custodia del Estado en medio de procesos judiciales. Asimismo, hizo un llamado a otros ciudadanos que tengan vehículos inmovilizados a verificar su estado y ubicación.
Entre tanto, las autoridades competentes ya tienen conocimiento del caso y se espera que las investigaciones permitan esclarecer lo ocurrido, establecer responsabilidades y determinar el paradero de los automotores involucrados.
Hasta el cierre de esta edición, se desconoce si existen otros ciudadanos que hayan resultado afectados por situaciones similares relacionadas con la presunta salida irregular de vehículos de estos patios judiciales. No obstante, la información revelada dentro del proceso, que da cuenta del traslado de varios automotores junto al caso denunciado, ha encendido las alarmas sobre un posible patrón que podría involucrar a más propietarios.
Finalmente, esta situación ha generado preocupación entre la ciudadanía, especialmente entre quienes tienen bienes bajo custodia del Estado, ya que no se tiene claridad sobre los controles aplicados ni sobre el destino de los vehículos, por lo que no se descarta que en el desarrollo de las investigaciones puedan salir a la luz nuevos casos con características similares.
