La Procuraduría sancionó en fallo de primera instancia a 16 funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por presuntas irregularidades cometidas en marzo de 2024, durante inspecciones a la Registraduría y a la Cancillería.
Durante esas diligencias se accedió y extrajo información de equipos institucionales y personales, en medio de averiguaciones sobre los procesos contractuales de la firma Thomas Greg & Sons.
En un documento de 215 páginas, el Ministerio Público explicó la forma en que los implicados solicitaron acceso a computadores de dotación y a dispositivos móviles de directivos y trabajadores en ambas entidades, reveló Blu Radio.
La actuación disciplinaria concluyó que la acción de recaudo de información, cuyo fin inicial era verificar el cumplimiento del régimen de libre competencia económica, superó los límites legales y excedió el objeto de la averiguación preliminar, lo que desencadenó múltiples quejas por la posible vulneración de derechos fundamentales.
El ente de control señaló que en las instalaciones de la Registraduría los delegados estatales elaboraron copias de seguridad y ejecutaron procedimientos técnicos denominados “espejos forenses”, sobre terminales que albergaban información altamente sensible.
Entre los archivos extraídos de forma masiva en medio de la diligencia, la investigación identificó datos pertenecientes al censo electoral de la nación, historiales clínicos privados y diversos registros amparados por reserva legal, que no guardaban relación con los procesos de contratación investigados.
El fallo disciplinario ordenó medidas severas contra los responsables de las visitas administrativas, recayendo la principal sanción sobre el entonces superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Francisco Melo Rodríguez.
A este exdirectivo de la Superintendencia se le impuso una suspensión y una inhabilidad por un término exacto de 12 meses, mientras que a varios de los contratistas participantes del operativo se les castigó con el cobro de multas económicas y una inhabilidad absoluta para firmar contratos con el Estado, por un periodo de cinco años.
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