Tras cumplirse cinco días desde que se hizo efectiva la orden de captura contra los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Misael Rodríguez, solicitó formalmente al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) determinar de manera urgente los sitios de reclusión definitivos para efectuar el traslado de los parlamentarios, quienes actualmente permanecen privados de la libertad bajo custodia transitoria en las instalaciones del búnker de la Fiscalía General de la Nación.
El requerimiento judicial se conoció a través de un documento oficial de la alta corte, el cual se despachó «dos días después de ordenar la captura de estos dos parlamentarios», con el propósito de dar cumplimiento al mandato original del tribunal, que estipuló desde el inicio el confinamiento de los procesados en una prisión formal.
El reporte periodístico de Noticias RCN precisó que el magistrado Rodríguez, actuando como ponente del caso, le exigió directamente al director del INPEC «explicar en dónde van a ser recluidos y precisamente que se pueda cumplir ese traslado», evidenciando la demora en la asignación de la logística carcelaria.
Aunque la entidad encargada del sistema penitenciario no emitió una respuesta formal e inmediata frente a la exigencia, fuentes oficiales señalaron que ya iniciaron los trámites administrativos correspondientes para acatar la orden suprema. Según reveló la investigación, el INPEC «estaría tratando de gestionar los cupos para enviar posiblemente a Wadith Manzur a la cárcel La Picota».
Por otro lado, la reclusión de la representante a la Cámara demandó un análisis distinto, motivo por el cual la institución se encuentra «evaluando un centro especial de reclusión para Karen Manrique debido a las condiciones de seguridad». En sintonía con esta necesidad, el documento firmado por el magistrado incluyó el traslado formal al INPEC de una petición radicada en días anteriores por la defensa de Manrique, con el fin de que las autoridades estudien a fondo los riesgos y aprueben un lugar de detención que garantice su integridad física durante el proceso.
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