La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 39 meses y 15 días de prisión al general en retiro Jorge Arturo Salgado Restrepo, quien como comandante de la Séptima División del Ejército en Medellín lideró un esquema de corrupción para direccionar contratos estatales a cambio de costosos beneficios personales y familiares que incluyeron desde tiquetes aéreos internacionales hasta el pago de servicios de televisión satelital y combustibles.
La investigación reveló que Salgado Restrepo, aprovechando su jerarquía militar entre 2015 y 2017, intervino para que el Batallón de Servicios No. 4 Yariguies adjudicara contratos de cafetería e ingeniería a empresas específicas. El alto oficial coordinó con sus subalternos que los contratistas fueran «previamente informados de los parámetros de la contratación» para que ajustaran sus propuestas y resultaran siempre favorecidos.
Sobre esta manipulación, el Teniente Coronel Harold Felipe Páez Roa explicó en el proceso que las órdenes de superiores jerárquicos buscaban que los contratos fueran otorgados a las firmas Distrilogística e Ingecodi. Páez Roa admitió que la administración «acomodó los requisitos relacionados con experiencia y particularidades de las dos empresas» para garantizar su elección.
El desvío de recursos alcanzó los más de 150 millones de pesos mediante una modalidad de financiación irregular. Según la sentencia, los contratistas pagaban los gastos personales del general y su familia bajo el acuerdo de que dicha deuda sería «saldada o compensada mediante la adjudicación irregular de contratos estatales».
Los lujos financiados con dinero del Estado incluyeron la compra de un reloj por un valor de $5.085.000 y el pago de tiquetes aéreos para la esposa e hijas del oficial. También se cubrieron diversos gastos domésticos como facturas de telefonía móvil , servicios de televisión satelital DirecTV y el suministro de combustible para vehículos particulares.
Finalmente, los recursos públicos costearon actividades de su vida social, destacándose pagos en restaurantes como «La Tienda del Vino» y el alquiler de palcos para eventos culturales como la Feria de las Flores por una suma de $19.700.000.
Además, Salgado emitió órdenes de compra a la empresa Subatours para adquirir tiquetes oficiales, pero obtuvo de ella «treinta y seis tiquetes privados para él y su familia» valorados en $18.621.469.
El tribunal fijó la sanción tras avalar un preacuerdo en el que Salgado aceptó su responsabilidad en 14 delitos de interés indebido en la celebración de contratos y dos de peculado por apropiación. La sentencia incluyó una inhabilitación de 49 meses para ejercer cargos públicos y una multa superior a los 466 salarios mínimos.
Sin embargo, la Sala declaró que la pena de prisión se encontraba cumplida. La defensa demostró que el procesado estuvo privado de la libertad por «35 meses y 28 días», tiempo al que se sumaron «4 meses y 17 días de redención punitiva por trabajo» realizado en su domicilio.
La condena no fue apoyada por todos los magistrados, pues Ariel Augusto Torres Rojas se opuso oficialmente al considerar que el castigo para el general fue calculado de forma equivocada. El juez explicó que la mayoría ignoró el «sistema de cuartos», una regla obligatoria que sirve para medir la gravedad de los delitos y fijar con precisión los años de cárcel.
Para Torres Rojas, se le otorgó al oficial un «doble beneficio» prohibido por la ley, ya que se le impuso la pena más baja posible a pesar de que el dinero robado estaba destinado al bienestar de la comunidad y no a pagar lujos personales.
Finalmente, aunque Salgado reintegró el total de lo apropiado —cerca de 170 millones de pesos—, la Sala advirtió que las víctimas aún pueden promover un «incidente de reparación integral» por otros daños causados.
BOGOTÁ, (Colprensa).
