La alta consejería de Paz del Distrito advirtió que el conflicto armado en la Sierra Nevada ya está generando desplazamientos y graves riesgos para comunidades indígenas y campesinas.
La alta consejera para la Paz y el Posconflicto del Distrito de Santa Marta, Jennifer del Toro Granados, lanzó fuertes cuestionamientos al manejo que el Gobierno nacional le ha dado a la crisis de seguridad en la Sierra Nevada, tras los recientes enfrentamientos entre grupos armados que han puesto en riesgo a comunidades indígenas y campesinas.
Durante una entrevista con RADIOHOY.COM, la funcionaria explicó que el Distrito ha elevado un llamado urgente al Estado colombiano para que intervenga de manera integral frente al deterioro humanitario que se vive en la región.
Según señaló, Santa Marta no solo observa con preocupación lo que ocurre en municipios cercanos como Aracataca, Fundación, Dibulla, Mingueo y Ciénaga, sino que además está recibiendo directamente las consecuencias del conflicto. “Santa Marta es una entidad receptora de víctimas del conflicto armado. La semana pasada tuvimos que declarar un desplazamiento masivo proveniente del municipio de Fundación, donde más de diez familias llegaron forzadamente a nuestra ciudad”, explicó.
Para la funcionaria, lo que ocurre en la Sierra Nevada no es un problema aislado de otros municipios, sino una situación que impacta directamente a la capital del Magdalena “Nos preocupa profundamente la situación humanitaria, el riesgo para la vida y la integridad de las comunidades, pero también las implicaciones que esto tiene para nuestro territorio”, afirmó.
LLAMADO URGENTE
Ante el agravamiento del conflicto armado, Del Toro confirmó que ya inició gestiones institucionales para elevar el nivel de atención nacional sobre la crisis. La funcionaria reveló que sostuvo una comunicación con la defensora nacional del Pueblo, Iris Marín, con el propósito de coordinar una reunión en Bogotá que permita visibilizar la situación.
“Ayer mismo tuve comunicación con la defensora nacional del pueblo. Aunque estará fuera del país durante las próximas dos semanas, dio instrucciones para que la subdefensora nos atienda junto con su equipo en Bogotá en los próximos días”, explicó.
Del Toro también planteó la posibilidad de que desde el Ministerio Público se convoque a la Procuraduría General de la Nación para revisar responsabilidades institucionales frente al deterioro de las condiciones humanitarias.
“Queremos pedirle a la defensora Iris Marín y al procurador Gregorio Eljach que revisen quiénes, por omisión o inacción, podrían ser responsables del deterioro de las condiciones humanitarias y del riesgo en que se ha puesto la vida de comunidades especialmente protegidas como la población indígena”, sostuvo.
CUESTIONAMIENTOS
Durante la entrevista, la alta consejera criticó la falta de reacción del Gobierno nacional frente a las alertas que desde hace años advertían sobre el riesgo de escalamiento del conflicto en la Sierra Nevada.
Según explicó, diferentes alertas tempranas habían advertido desde 2020 sobre posibles hechos graves de violencia en la región.
“No puede ser que un funcionario público tenga en sus manos una alerta temprana que advierte riesgos extraordinarios y que no se hayan tomado las medidas contundentes de la magnitud que el fenómeno requería”, afirmó.
También cuestionó directamente la falta de respuesta por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. “Santa Marta considera que no hay posibilidad de que la oficina del doctor Otty Patiño reaccione. Ni siquiera con un evento tan grave como los combates del fin de semana se produjo la urgencia de que viniera a la Sierra Nevada, donde ni siquiera lo conocemos”, señaló.
Incluso recordó que el presidente de la República ha visitado recientemente la ciudad, pero sin abordar públicamente la crisis de seguridad. “El presidente vino hace menos de quince días a Santa Marta, pero no se refirió públicamente al tema del conflicto armado, que es un problema estructural de la Sierra Nevada”, dijo.
Para Del Toro, la solución al conflicto pasa necesariamente por decisiones claras del Estado. “No hay gobernanza posible en la Sierra Nevada ni goce de derechos si no se resuelve el desmonte de los grupos armados y si no se fortalece la presencia de la fuerza pública en el territorio”, afirmó.
CRÍTICAS AL PROCESO DE PAZ CON ‘LOS PACHENCAS’
Uno de los cuestionamientos más fuertes de la funcionaria estuvo dirigido al proceso de acercamientos entre el Gobierno nacional y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada dentro de la política de “paz total”.
Del Toro se refirió al reciente comunicado conjunto firmado entre delegados del Gobierno y ese grupo armado, en el que se establecieron compromisos como el cese de extorsiones, la prohibición del reclutamiento de menores y el respeto al derecho internacional humanitario.
Sin embargo, puso en duda la efectividad real de esos acuerdos. “Esos compromisos no tienen ningún carácter vinculante. Al papel le cabe todo, pero no hay quién verifique, quién monitoree ni quién advierta cuáles son las consecuencias si el grupo incumple”, afirmó.
