El Tribunal Administrativo del Magdalena, señaló que la situación podría generar un perjuicio irremediable si no se adoptan medidas oportunas frente al riesgo de erosión que enfrenta Guáimaro. La acción plantea la necesidad de realizar estudios técnicos, ambientales y geotécnicos, así como obras de protección ribereña para mitigar el impacto de la erosión.
La acción popular contempla una inspección judicial en Guáimaro el 17 de marzo para verificar las condiciones actuales del área.
El Tribunal Administrativo del Magdalena admitió una acción popular presentada por el ciudadano Gennys Alfonso Álvarez Navarro, mediante la cual se busca la protección de los derechos colectivos de los habitantes del corregimiento de Guáimaro, en el municipio de Salamina, frente al riesgo asociado a los procesos de erosión que se registran en las orillas del río Magdalena.
La decisión judicial se adoptó luego de revisar los argumentos y documentos presentados con la demanda, en la que se expone la preocupación por el avance de la erosión fluvial en esta zona del río. De acuerdo con lo planteado en el recurso, esta situación ha sido advertida en diferentes momentos por habitantes y autoridades locales del sector.
Según lo señalado en la acción popular, la dinámica del río Magdalena en este punto ha generado procesos de socavación en las orillas, lo que podría comprometer la estabilidad del terreno cercano al corregimiento. Esta condición, de acuerdo con lo expuesto por el accionante, representaría un riesgo potencial para viviendas, vías de acceso y otras infraestructuras ubicadas en el área.
El recurso judicial también advierte sobre la posible afectación del terraplén o jarillón que funciona como barrera de protección para el corregimiento de Guáimaro. Este tipo de infraestructura es utilizado en varias zonas ribereñas como mecanismo para contener el impacto de crecientes del río y de los procesos de erosión que se presentan en las riberas.
ADMISIÓN DE LA ACCIÓN POPULAR
En su auto interlocutorio, el Tribunal Administrativo del Magdalena indicó que, tras analizar los elementos presentados en la demanda, encontró indicios que permiten considerar la existencia de un posible riesgo para los derechos colectivos de la comunidad. Por esta razón, decidió admitir la acción popular y dar inicio al trámite judicial correspondiente.
Dentro de la decisión, el Tribunal también señaló que la situación descrita podría generar un perjuicio irremediable si no se adoptan medidas oportunas para atender la problemática. En ese contexto, la admisión de la acción permitirá avanzar en el análisis de las posibles responsabilidades institucionales y de las acciones necesarias para la mitigación del riesgo.
La acción popular busca que las entidades con competencia en la materia diseñen e implementen un plan integral orientado a la reducción del riesgo en la zona. Entre las medidas planteadas se encuentran la realización de estudios técnicos, ambientales y geotécnicos que permitan evaluar con mayor precisión el comportamiento del río y las condiciones del suelo en el sector afectado.
Asimismo, se propone la ejecución de obras hidráulicas y de protección ribereña que contribuyan a fortalecer las estructuras existentes o a implementar nuevas soluciones para disminuir el impacto de la erosión sobre el territorio y la población del corregimiento.
ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO
El proceso judicial fue interpuesto contra la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entidades señaladas en la demanda por sus competencias relacionadas con la gestión del riesgo, la administración del recurso hídrico y la protección ambiental.
Adicionalmente, el Tribunal ordenó vincular al proceso a otras entidades que podrían tener relación con la situación expuesta en la acción popular. Entre ellas se encuentran el municipio de Salamina, la Gobernación del Magdalena, el Instituto Nacional de Vías (Invías), el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación.
También fue vinculada la sociedad Consultorías y Constru-Sion S.A.S., empresa mencionada dentro del proceso por su posible relación con estudios o intervenciones realizadas en la zona.
INSPECCIÓN JUDICIAL
Como parte de las actuaciones previstas dentro del trámite de la acción popular, el Tribunal programó una inspección judicial en el corregimiento de Guáimaro para el martes 17 de marzo de 2026. Esta diligencia tiene como objetivo verificar directamente en el terreno las condiciones actuales del área y observar la situación relacionada con la erosión del río Magdalena.
Durante esta visita judicial se evaluarán las condiciones del terreno, el estado de las estructuras de protección existentes y la proximidad de los procesos de erosión a las zonas habitadas del corregimiento.
Para esta diligencia se espera la presencia de representantes de las entidades vinculadas al proceso, así como de autoridades locales y miembros de la comunidad. En el desarrollo de la inspección podrán presentarse informes técnicos, observaciones y otros elementos que contribuyan a la evaluación de la situación planteada en la acción popular.
