Desde la administración del Distrito de Santa Marta se piden decisiones unificadas y verificables del Gobierno Nacional para reabrir el Tayrona y proteger la seguridad, la economía y los derechos de las comunidades.
La crisis del Parque Tayrona no es únicamente un problema ambiental, ni exclusivamente de orden público o turístico. Es la convergencia de los tres factores al mismo tiempo. Así lo plantea la Alta Consejería para la Paz del Distrito de Santa Marta, al advertir que actualmente cinco entidades nacionales actúan de manera simultánea sobre el mismo territorio con lógicas distintas y sin una conducción unificada.
Mientras el Ministerio de Defensa señala a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada como responsables de hechos delictivos y del cierre del parque, la Oficina del Comisionado de Paz adelanta con ese mismo grupo un proceso sociojurídico. Paralelamente, Parques Nacionales ordenó el cierre indefinido del área protegida mediante la Resolución 091 del 17 de febrero, el Ministerio de Ambiente instaló un Puesto de Mando Unificado Ambiental y el Ministerio de Comercio convocó una mesa de trabajo. A esto se suma el anuncio presidencial sobre la creación de una Entidad Territorial Indígena, un nuevo decreto de Línea Negra y la instalación de una estación de carabineros.
En medio de esas decisiones fragmentadas, la inversión pública prometida para la transformación territorial de las comunidades campesinas aún no se materializa. Según la Consejería Distrital, la falta de articulación entre las entidades ha generado un escenario de incertidumbre cuyo impacto lo está pagando directamente Santa Marta.
El cierre del Parque Nacional Natural Tayrona, que según cifras de COTELCO Magdalena moviliza cerca de 330 mil millones de pesos anuales y recibió más de 818 mil visitantes en 2025, ya completa siete días. Operadores turísticos sin reservas, guías sin ingresos y hoteles del corredor turístico con pérdidas diarias evidencian el impacto económico inmediato en la ciudad.
Los hechos recientes refuerzan las advertencias contenidas en la Alerta Temprana 020 de 2025 de la Defensoría del Pueblo sobre la Sierra Nevada. El 18 de febrero se firmó el Acuerdo Marco del Espacio de Conversación Sociojurídico con las ACSN, comprometiéndolas a proteger a la población civil y no interferir en procesos electorales. Sin embargo, días después el Ministerio de Defensa reiteró señalamientos sobre extorsiones, desplazamientos y amenazas atribuidas al mismo grupo.
En este contexto, el próximo 27 de febrero la Secretaría de Gobierno Distrital facilitará una mesa de diálogo entre comunidades indígenas y entidades del Estado, con el objetivo de avanzar en una salida institucional que permita definir condiciones claras para la reapertura del parque y abordar la demanda histórica de mayor participación del pueblo Kogui en la gestión del territorio ancestral.
El Distrito ha planteado cinco peticiones concretas al Gobierno Nacional: fortalecer el mandato de verificación internacional, reapertura del Tayrona con gobernanza restaurada y presencia efectiva de la Fuerza Pública, integrar formalmente la Alerta Temprana al proceso sociojurídico, activar las comisiones temáticas previstas en el acuerdo con las ACSN y garantizar la ejecución efectiva de inversiones sociales para las comunidades campesinas de la región.
