El delegado del Gobierno Nacional en el proceso de diálogo con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), Óscar Mauricio Silva, aseguró que las conversaciones con ese grupo armado avanzan y buscan un resultado definitivo que permita su desmantelamiento sin generar vacíos de poder en el territorio.
Las declaraciones se producen tras la firma del Acuerdo Marco de Funcionamiento del Espacio de Conversación Sociojurídico, suscrito el 18 de febrero en Bogotá, mediante el cual se establecieron compromisos para el desescalamiento de la violencia y el sometimiento a la justicia, con acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP/OEA).
Según explicó el funcionario, el proceso ha permitido consolidar acuerdos orientados a la defensa de la vida, la protección de la infancia, el respeto a los procesos electorales y la no agresión contra la fuerza pública, dentro de una negociación que se desarrolla con carácter sociojurídico y bajo criterios de confidencialidad.
En entrevista, el delegado del Gobierno enfatizó que el objetivo central del proceso es garantizar que la desmovilización del grupo armado no genere nuevas estructuras ilegales en el territorio.
“Queremos avanzar hacia la irreversibilidad de este proceso. No es solamente hacer que este grupo deje de existir, sino que no quede un vacío allí, que no llegue otro grupo. Necesitamos que haya una transformación real del territorio y un tránsito efectivo al Estado Social de Derecho”, explicó Silva.
El funcionario señaló que uno de los principales retos es fortalecer la presencia institucional en una región que ha vivido más de cuatro décadas de violencia y control ilegal, pese a anteriores procesos de desmovilización. En ese sentido, el Gobierno busca garantizar seguridad, inversión social y condiciones para el desarrollo de las comunidades.
Asimismo, indicó que dentro del proceso el grupo armado ha planteado como preocupaciones la protección del territorio por parte de la fuerza pública para evitar la llegada de otros actores ilegales y condiciones jurídicas claras para su sometimiento a la justicia.
“Ellos plantean como líneas rojas la protección del territorio por parte de la fuerza pública y condiciones jurídicas razonables para el sometimiento. La idea es que se entreguen las armas, se sometan a la justicia y se logre una transformación del territorio”, precisó.
Silva también reconoció que persisten problemas de seguridad y limitada presencia estatal en zonas de influencia de Santa Marta, donde comunidades residentes continúan enfrentando situaciones como extorsiones y conflictos sociales.
El Gobierno sostiene que el éxito del proceso dependerá del cumplimiento de los compromisos pactados y de la capacidad del Estado para consolidar su presencia y garantizar estabilidad duradera en la región.
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