La presencia del estado a través de Parques Nacionales es un ´saludo a la bandera´ en el Tayrona, donde desde ayer son los indígenas los que cobran a los turistas por ingresar a la reserva natural y manejan el lugar respaldados por el grupo armado ilegal con plena injerencia en l región: Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta. El cierre del Tayrona ordenado por Parques Nacionales fue levantado por los koguis a la ´brava´, impusieron sus normas y al lugar solo se tiene acceso si se les paga a ellos. Muy de cerca están detrás, las autodefensas ejerciendo control territorial para impedir que sus archienemigos, el Clan del Golfo, entre a la zona. Tanto el Ejército, como la Policía Metropolitana de Santa Marta se han desentendido del conflicto es es de seguridad pública. Pasaron, vergonzosamente, a simples espectadores./CORTESÍA
Las comunidades indígenas desafíaron el cierre oficial, reabrieron el Parque y ahora son los que mandan en ese territorio respaldados por el grupo armado ilegal que hace presencia en la región.
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UNIDAD
INVESTIGATIVA
El Parque Tayrona, el icónico y paradisiaco lugar con el que se identifica a Santa Marta y Colombia ante el mundo, es hoy tierra de nadie. Una disputa territorial, la prevalencia por sus economías ilícitas y la explotación turística, tienen como espectador al propio Estado colombiano, y con vergüenza a la Policía y el Ejército, que con los brazos cruzados se muestran impávidas para actuar ante una evidente situación de grave alteración del orden pública y seguridad nacional.
El conflicto por el control y la gobernanza del Parque Nacional Natural Tayrona volvió a escalar y de qué manera. Lo que comenzó como un decreto de cierre temporal por razones de seguridad terminó convirtiéndose en un abierto pulso entre el Gobierno Nacional y las autoridades indígenas asentadas en el territorio, y detrás de ellas, la preminencia del grupo armado ilegal que opera en la región.
Pese a la orden oficial expedida el 17 de febrero, comunidades indígenas reabrieron este martes el ingreso de visitantes en el sector de El Zaino, permitiendo la entrada de turistas y asumiendo el control del acceso, incluidos los cobros por concepto de seguro e ingreso. La decisión contradice la medida adoptada por el Ejecutivo, que suspendió completamente las actividades en el parque tras denuncias de amenazas, bloqueos y situaciones de orden público.
Pero más allá del decreto, lo que hoy se discute en el Tayrona es la autoridad sobre el territorio. Quienes son ocupantes de ello, desconocen la autoridad del Estado.
ASAMBLEA PERMANENTE Y EXIGENCIAS AL GOBIERNO
Las Autoridades Tradicionales Kogui del Magdalena se declararon en asamblea permanente y permanecen concentradas de manera pacífica en la entrada del parque. Esta figura implica una reunión y deliberación continua, sin fecha definida de finalización, hasta que sus demandas sean atendidas.
El Cabildo Gobernador Kogui del Magdalena, Atanasio Moscote, aseguró que la movilización responde a un desconocimiento histórico de su autoridad ancestral. “Estamos aquí en propuesta pacífica unidad nacional de parque Tayrona, por varias cosas que han venido sucediendo en el tiempo, no han querido conocernos como autoridades en el territorio. Como consecuencia se ha estado afectando a la comunidad indígena que está acá del Parque, vulnerando sus derechos al trabajo, a la vida, a estar, a vivir”, manifestó.
El líder indígena agregó que las recientes demoliciones en sectores como el Museo Chairama y el camping de Cañaveral impactaron directamente a familias que dependían de esos espacios como medio de subsistencia. “Entonces ya con las demoliciones que hicieron las adecuaciones para que esas comunidades tengan su sitio de trabajo, que fueron demolidas, hoy estamos en contra de eso. Requerimos al director de Parques Nacionales, Presidencia y entes de control para verificar los acuerdos, el cumplimiento de todas las garantías”, señaló.
En su comunicado, solicitaron la presencia inmediata del presidente Gustavo Petro, así como de la dirección central de Parques Nacionales Naturales y demás autoridades competentes.
SEGURIDAD Y LEGALIDAD EN DISCUSIÓN
Desde Parques Nacionales Naturales, el cierre fue sustentado en razones de seguridad y orden público. La entidad ha advertido sobre amenazas e intimidaciones contra funcionarios y guardaparques que han hecho cumplir la normatividad ambiental, especialmente frente a construcciones y adecuaciones no autorizadas dentro del área protegida.
Las intervenciones recientes, que incluyeron demoliciones de estructuras consideradas irregulares, se realizaron en el marco de esa obligación institucional de proteger la reserva natural y hacer respetar la ley. Según el Gobierno, la suspensión temporal buscaba restablecer condiciones mínimas de seguridad tanto para visitantes como para el personal que opera en el Parque.
En ese contexto, la reapertura impulsada por las comunidades añade un nuevo nivel de complejidad a un escenario donde confluyen conservación ambiental, control institucional, turismo y derechos ancestrales.
El Tayrona no solo es un santuario ecológico. Es también territorio ancestral y espacio económico para decenas de familias. El desafío ahora no se limita a cerrar o abrir sus puertas, sino a encontrar un punto de equilibrio entre la autoridad del Estado y el reconocimiento de las comunidades que habitan históricamente este territorio.
