La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al representante a la Cámara Wilmer Carrillo Mendoza para que responda penalmente por una presunta red de corrupción mediante la cual habría gestionado el nombramiento de una gerente de hospital en Norte de Santander con el fin de manipular la contratación de la entidad y recibir comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de suministros.
El alto tribunal determinó que existen méritos suficientes para juzgar al congresista por los delitos de tráfico de influencias, concusión, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. La investigación reveló que las maniobras de Carrillo no fueron hechos aislados, sino que respondieron a un plan concertado para cooptar la administración pública y desviar recursos del sector salud hacia sus bolsillos.
Según el expediente, el parlamentario aprovechó su investidura y poder político para ejercer presión ante el entonces gobernador de Norte de Santander. Su objetivo fue asegurar que una persona de su cuerda política fuera designada como directora de un hospital departamental, nombramiento que se convirtió en la llave maestra para acceder a las arcas de la institución.
Una vez la funcionaria asumió el cargo, el investigado procedió a desplegar la segunda fase de la operación ilícita. La Corte encontró evidencias de que Carrillo logró direccionar contratos esenciales para el funcionamiento del centro médico, específicamente aquellos relacionados con el suministro de gasolina y la compra de insumos médicos, entre otros rubros operativos.
La Sala de Instrucción concluyó que estas gestiones no fueron gratuitas. Por garantizar que dichos negocios quedaran en manos de contratistas específicos, el representante exigió y recibió el pago de comisiones o coimas, afectando gravemente el patrimonio destinado a la atención de los pacientes en la región.
Aunque la decisión de llamamiento a juicio admite todavía recursos por parte de la defensa del congresista, el panorama judicial de Carrillo se complica. Una vez se resuelvan las posibles apelaciones y la decisión quede en firme, el expediente pasará de inmediato a la Sala Especial de Primera Instancia, donde iniciará el juicio formal y público por las graves conductas imputadas contra la administración pública.
/Colprensa
