En el marco de la conmemoración de los 34 años de la Corte Constitucional, la presidenta del alto tribunal, Paola Andrea Meneses Mosquera, lanzó un mensaje de defensa de la independencia judicial al advertir que el control que ejercen sobre el Legislativo y el Ejecutivo, especialmente ante el uso de figuras extraordinarias como los estados de excepción, no obedece a un «pulso político» ni busca la validación de las mayorías coyunturales, sino que responde al deber ineludible de evitar cualquier alteración en el diseño institucional que el pueblo acordó en la Constitución de 1991.
Durante su intervención en la Pontificia Universidad Javeriana, Meneses reconoció sin rodeos que la misión de la Corte genera fricciones inevitables con las otras ramas del poder. La magistrada explicó que la legitimidad del tribunal le permite «garantizar la guarda y supremacía constitucional» en escenarios donde sus competencias implican vigilar el poder público.
«Las tensiones por el ejercicio de las competencias asignadas a una Corte Constitucional son bien conocidas, pero, en algún sentido, irresolubles», sentenció Meneses.
La togada fue enfática al diferenciar la naturaleza del juez constitucional de la del político. Aclaró que la labor de la Corte «no se basa en la contienda entre las fuerzas políticas, no depende de la representatividad de las mismas, y no exhibe una pretensión dirigida a que sus decisiones sean validadas por las mayorías políticas».
Ante un auditorio compuesto por estudiantes y juristas, la presidenta del alto tribunal subrayó que la sujeción a las reglas de juego constitucionales «no obedece a una veleidad autoritaria», sino a la convicción de cumplir la promesa constituyente.
Meneses argumentó que es en la firmeza de las decisiones judiciales donde «las tensiones con las autoridades de otras ramas del poder deben relajarse», pues dichas actuaciones no buscan la confrontación, sino impedir que se desdibuje el pacto fundamental.
«En un sistema de frenos y contrapesos, en el que el principio de colaboración armónica es pieza clave del engranaje institucional, todas y cada una de las autoridades públicas debemos actuar siguiendo las reglas del juego previstas en la Constitución», ordenó la magistrada.
Decisiones impopulares pero necesarias
La jurista recordó que la independencia y el rigor exigen, en muchos momentos, «valentía para asumir posturas que, aunque generan desacuerdos, son necesarias para la consolidación del Estado Social de Derecho».
Para ilustrar este punto, rememoró fallos históricos que causaron ampolla en su momento pero que definieron el rumbo del país. Citó la caída del sistema financiero de vivienda UPAC en 1999, el reconocimiento de las parejas del mismo sexo como familia en 2011 y la decisión sobre la reforma de equilibrio de poderes en 2016.
Estas determinaciones, reconoció, «no han sido necesariamente bien recibidas por todos los sectores, pero sí han sido el producto de discusiones serias y comprometidas, privilegiando siempre la mejor lectura de aquello que exige la Carta de Derechos».
Meneses también destacó el papel intervencionista de la Corte ante la inoperancia del Estado en situaciones críticas. Resaltó la figura del «estado de cosas inconstitucional», mediante la cual el tribunal ha actuado frente a violaciones masivas y sistemáticas de derechos fundamentales cuando existen «inercias o bloqueos institucionales».
Enumeró casos emblemáticos como el desplazamiento forzado interno (Sentencia T-025 de 2004), la protección a los firmantes de paz (SU-020 de 2022) y la defensa de los líderes sociales (SU-546 de 2023).
Asimismo, defendió la tesis de que el poder de reforma de la Constitución tiene límites. Explicó que el tribunal entendió que, aunque no hay cláusulas pétreas, existen ejes que dan identidad a la Carta Política que no pueden ser sustituidos, una postura que ha mantenido «no sin disidentes y contradictores».
La deuda de género en la justicia
En un tono crítico hacia la propia estructura judicial, Meneses lamentó la histórica brecha de género en las altas cortes. Reveló datos «desalentadores»: en 34 años de historia, solo ocho mujeres han integrado la Sala Plena en propiedad y la primera magistrada llegó apenas en el año 2001.
«Estos pasos hacia delante, que hicieron posible durante un corto periodo que este Tribunal estuviera integrado por cinco mujeres, sin embargo, no nos permiten obviar que la brecha en razón del género en la cúspide de la Rama Judicial (…) arroja datos desalentadores», señaló.
La presidenta rindió homenaje póstumo a la exmagistrada María Victoria Calle Correa, de quien destacó su «defensa valerosa y férrea de la Corte Constitucional en momentos institucionales de adversidad».
Finalmente, Meneses instó a los estudiantes y futuros abogados a no limitar su ejercicio profesional al éxito reputacional, sino a conectar con el impacto real del Derecho en la vida de las personas.
«La invitación que les hago es a no perder la esperanza, a retomar el camino recorrido y a contribuir a que las promesas constitucionales florezcan», concluyó, citando a la constituyente María Mercedes Carranza para evocar el anhelo de un país «algo más justo, algo más pacífico (…) y algo más honesto».
/Colprensa.
