La Procuraduría General de la Nación ordenó este miércoles a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), instituciones prestadoras y autoridades territoriales la implementación inmediata de planes de acción para mitigar el impacto sanitario provocado por las inundaciones en Córdoba, con el fin de garantizar la atención prioritaria a la población afectada y evitar una crisis de salud pública en la región.
La Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y Seguridad Social solicitó a las aseguradoras con presencia en el territorio priorizar la asistencia a «niños, gestantes, adultos mayores, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas», además de asegurar la activación de rutas de urgencia y el «suministro de medicamentos e insumos».
El ente de control requirió a las secretarías de salud departamentales y municipales trabajar de manera articulada con los demás actores del sector para ejecutar una «vigilancia epidemiológica relacionada con la emergencia», desplegar «brigadas de vacunación» y coordinar la red pública y privada para la prestación de los servicios.
Frente a la operación del sistema, el Ministerio Público exhortó a la Superintendencia Nacional de Salud a ejercer estricta vigilancia sobre las entidades que operan en Córdoba para adelantar acciones preventivas ante «posibles fallas» o la persistencia de las mismas y garantizar el derecho a la salud de los usuarios en la zona de desastre.
Lupa sobre los recursos de prevención
Esta exigencia sanitaria se suma al llamado realizado este martes por el procurador Gregorio Eljach, quien pidió «acciones urgentes que eviten un mayor sufrimiento del ya causado por la tragedia» y solicitó al Ejecutivo concentrar los recursos en la atención inmediata, la reconstrucción y el fortalecimiento de la salud.
Mientras avanza la respuesta humanitaria, el Gobierno puso el foco sobre la gestión fiscal previa al desastre. El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga Franco, exigió explicaciones sobre el manejo de más de 33.000 millones de pesos que estaban destinados a la mitigación del riesgo y advirtió que no permitirán que esos dineros terminen «malversados o usados con fines politiqueros».
La cartera de Justicia cuestionó la administración de estos recursos por parte de organizaciones no gubernamentales y, en particular, por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Sinú y San Jorge, encargados de los planes de restauración ecológica.
Idárraga señaló que, aunque el Gobierno implementó medidas para salvar vidas, tienen «el deber de preguntar qué pasó con los recursos públicos que debían prevenir esta situación», ante unas afectaciones ambientales que se repiten en algunos territorios desde 2016.
(Colprensa).
