El procurador, Gregorio Eljach, pidió al Gobierno priorizar la inversión pública para atender a miles de familias afectadas por inundaciones en el Caribe, mientras el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga Franco, exigió explicaciones por el manejo de más de $33.000 millones destinados a la mitigación del riesgo y advirtió que esos recursos no pueden terminar “malversados o usados con fines politiqueros”.
El jefe del Ministerio Público expresó su solidaridad con los damnificados e invitó al Ejecutivo a concentrar los recursos, ya sea de fuentes ordinarias o de una eventual emergencia económica, en cuatro frentes: atención inmediata a la población, reactivación económica, reconstrucción de infraestructura y acciones de salud.
Eljach pidió “acciones urgentes que eviten un mayor sufrimiento del ya causado por la tragedia” y solicitó adoptar medidas inmediatas para la recuperación productiva, con énfasis en agricultura y ganadería. También instó a la reparación de vivienda, acueductos, vías y escuelas, y a fortalecer la prevención y atención en salud “para garantizar la salud y la vida de las comunidades”.
El Procurador informó que envió agentes de alto nivel a la zona para verificar la atención a los damnificados y señaló que hará seguimiento personal a la respuesta estatal. Además, solicitó a autoridades nacionales, departamentales y locales actuar con “acciones prontas y eficaces” frente a la situación.
*Gobierno pide cuentas por recursos*
En paralelo, el ministro Idárraga, quien acompañó al presidente, Gustavo Petro, en Montería, afirmó que la prioridad es la ayuda humanitaria, pero también el control sobre el uso de los recursos públicos destinados a la prevención.
“Nuestra solidaridad está con las víctimas de esta emergencia climática. El Gobierno ha venido implementando medidas urgentes para salvar vidas, pero también tenemos el deber de preguntar qué pasó con los recursos públicos que debían prevenir esta situación. No vamos a permitir que dineros destinados a la gente terminen malversados o usados con fines politiqueros”, señaló el funcionario.
El Ministerio de Justicia solicitó aclaraciones sobre el uso de más de $33.000 millones administrados por organizaciones no gubernamentales y, en particular, por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Sinú y San Jorge, destinados a planes de mitigación del riesgo y restauración ecológica.
Según el Gobierno, las acciones de atención humanitaria se activaron desde las primeras semanas de la emergencia en coordinación con entidades nacionales y territoriales, ante inundaciones y afectaciones ambientales que en algunos territorios se repiten desde hace años, incluso desde 2016.
Las autoridades acordaron mantener mesas de seguimiento interinstitucional para garantizar la continuidad de la ayuda y avanzar en procesos de transparencia y control sobre el destino de los recursos.
- COLPRENSA
