El Consejo Superior de la Judicatura confirmó este martes que las fuertes lluvias registradas en el departamento de Córdoba dejaron un saldo de 127 servidores judiciales afectados y causaron daños estructurales en seis sedes de la entidad, situación que forzó la implementación de medidas de contingencia para mantener la operación de la justicia en la región.
El censo realizado por las autoridades judiciales estableció que los 127 funcionarios reportados tuvieron que evacuar sus viviendas o se encuentran en riesgo inminente de hacerlo debido a las inundaciones que golpearon a Montería y otros municipios del departamento.
El informe detalló afectaciones físicas en las sedes judiciales de Puerto Escondido, Canalete y Los Córdobas; en este último municipio, la ruptura del puente que conecta la zona con el resto del departamento obligó al cierre extraordinario de un despacho judicial con el fin de proteger la integridad de los empleados y de los usuarios del sistema.
La entidad registró también daños de menor proporción en las infraestructuras ubicadas en los municipios de Valencia, La Apartada y Ayapel.
Frente a la contingencia, el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba adelantó coordinaciones con la Fiscalía General de la Nación, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial y los tribunales locales para «adoptar medidas preventivas y garantizar, en lo posible, el acceso a la administración de justicia», según informó la Corporación.
Mary Lucero Novoa Moreno, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, anunció la habilitación de la cuenta corriente Bancolombia No. 09100016728 para recibir aportes voluntarios destinados a los funcionarios afectados.
«Es el momento de tenderle la mano a nuestros colegas que hoy atraviesan una situación difícil y de demostrar que la Rama Judicial se sostiene también desde la solidaridad y el acompañamiento mutuo», declaró Novoa Moreno.
La magistrada aseguró que la entidad mantendrá un monitoreo constante sobre la emergencia para «adoptar, de manera oportuna, las decisiones necesarias dentro de sus competencias constitucionales y legales» que permitan mitigar las necesidades detectadas.
- colprensa
