La magistrada de la JEP Julieta Lemaitre advirtió que la falta de recursos no puede ser excusa para paralizar la justicia transicional tras el cierre de la investigación del Caso 01, pues aunque el tribunal no maneja el presupuesto, la Constitución obliga a los gobiernos a garantizar el funcionamiento del Acuerdo de Paz independientemente de sus afinidades políticas.
Ante el informe de la Contraloría que señaló un desfinanciamiento del 83 % en la reparación a las víctimas, Lemaitre fue tajante al señalar que la voluntad política tiene límites constitucionales. «El Estado no puede simplemente desfinanciar una entidad de justicia porque le cayó mal», sentenció la togada, recordando que el Acuerdo final blinda la implementación durante tres periodos presidenciales consecutivos.
La magistrada explicó que, aunque la asignación de dinero para las sanciones de los 30 nuevos imputados de los Bloques Oriental y Sur no es competencia de su Sala, el déficit pone en riesgo la materialización de la justicia. «Si haces Asamblea Constituyente, tocaría cambiar todo», agregó, sugiriendo que esa sería la única vía legal para desconocer los compromisos financieros del Estado con la paz.
Lemaitre confirmó el cierre de la etapa de investigación del Caso 01 tras la imputación a los Bloques Oriental y Sur de las extintas Farc, un hito judicial que permitió reconstruir la «máquina criminal» del secuestro bajo una metodología de patrones que superó la impunidad histórica de la justicia ordinaria.
Detalló que la clave para esclarecer en un lustro lo que el Estado no logró en 50 años fue cambiar el enfoque de investigación de «caso a caso» a uno macrocriminal. La magistrada explicó que la justicia ordinaria fragmentaba los expedientes, mientras que la JEP entendió el secuestro como una «industria» y una política unificada.
«Al investigar por patrón, realmente se puede ver la dinámica del conflicto […] lo que yo le imputo a los señores es todos los secuestros que cometió las Farc en su zona», señaló, destacando que al aceptar la responsabilidad por el patrón, los mandos aceptan la responsabilidad por la totalidad de las víctimas.
La investigación develó que el secuestro respondió a tres políticas del Secretariado: canje de prisioneros, control territorial y financiación. Sobre esta última, Lemaitre reveló la brutal presión económica que ejercía la cúpula sobre los bloques, exigiendo cuotas anuales millonarias. «Al Secretariado le tienen que pasar 2 millones y medio de dólares al año», indicó la magistrada al describir la orden que recibieron los comandantes del Bloque Oriental.
Esta exigencia derivó en la degradación absoluta de la guerra. Según relató la togada, un financiero de la guerrilla confesó ante la Sala que la presión por cumplir la cuota fue tal que llegaron a romper sus propios códigos: «Doctora, yo llegué a secuestrar niños por esa presión por la plata», citó Lemaitre. Ante la dificultad de hallar objetivos con patrimonios de un millón de dólares, los frentes recurrieron a «economías de escala», masificando el secuestro a través de las «pescas milagrosas» en las vías de Cundinamarca y el Meta para capturar a ciudadanos con menor capacidad de pago.
Esclavitud en «medio país”
La imputación a los Bloques Oriental y Sur abarca lo que Lemaitre describió como «medio país», correspondiente a las zonas de la Amazonía y la Orinoquía donde «no se ven luces» en el mapa nocturno de Colombia. En estos territorios, donde la ausencia estatal fue suplida por la ley de la guerrilla, la JEP documentó prácticas de esclavitud moderna.
«Encontramos que estaban privando de la libertad no para pedirles nada a cambio», explicó la magistrada. Se refería a civiles sometidos a trabajos forzados como castigo por desobedecer a las Farc o por conductas juzgadas moralmente por los insurgentes.
Lemaitre destacó el hallazgo de «fincas de castigo», como una conocida por las víctimas como ‘La Gorgona’, y la obligación de trabajar gratis durante meses abriendo caminos en la selva, lo que el tribunal calificó jurídicamente como esclavitud y trato cruel e inhumano.
Frente al trato a los cautivos, la magistrada aclaró que la directriz del Secretariado era cínica: «No dejen que se mueran». Esta orden, lejos de ser humanitaria, significó mantener los signos vitales de los secuestrados sin importar la dignidad humana. La implementación quedó a discreción de los mandos medios, quienes convirtieron los campamentos en «jaulas de alambre de púas, como tener un corral de ganado».
Un punto neural del proceso fue confrontar la visión militar del guerrillero con el dolor de la víctima. Lemaitre narró cómo la JEP obligó a los comparecientes a entender que las medidas que ellos consideraban operativas para «evitar fugas» —como la vigilancia en letrinas— constituían para la víctima «desnudez forzada» y terror constante ante la posibilidad de violencia sexual. «Lo que pasó fue lo que vivió la víctima», sentenció.
Al cierre de la entrevista, Lemaitre ofreció una reflexión personal sobre el futuro de la reconciliación. Calificó a Colombia como un «país telenovela» donde cada día trae una sorpresa, buena o mala, lo que hace imposible predecir el impacto final de la JEP. «Uno nunca sabe aquí qué va a pasar… la gente que acierta, acierta casi que de carambola», comentó.
Sin embargo, concluyó que el trabajo de reconstruir la verdad, aunque doloroso, es una «semilla de cosas buenas» en una nación donde, paradójicamente, todos están de acuerdo en lo básico: que no debe haber actores armados, que el Ejército no debe violar derechos humanos y que el Estado debe llegar a esa «geografía imposible» donde hoy solo hay ríos y selva.
- colprensa
