La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra tres funcionarios del Ministerio de Justicia y del Derecho por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de tiquetes aéreos por 2.180 millones de pesos, el cual fue entregado a un proponente que no acreditaba la experiencia mínima habilitante.
El Ministerio Público vinculó a la investigación a Helén Ortiz Carvajal, secretaria general en 2023, y a Andrés Vergara Ballén y Derly González Ariza, coordinadores del Grupo de Gestión Financiera y Contable.
El ente de control cuestionó a la entonces secretaria general, Helén Ortiz Carvajal, por adjudicar el proceso contractual pese a que el seleccionado «no reunía el requisito de experiencia mínima habilitante requerido en el pliego de condiciones». Además, la Procuraduría señaló que la oferta ganadora presentó presuntamente «precios artificialmente bajos», irregularidad que debió impedir la firma del compromiso.
La formulación de cargos cobijó a Andrés Vergara Ballén, miembro del comité evaluador y supervisor del contrato. El organismo determinó que el funcionario habilitó técnicamente al proponente y «recomendó técnica y financieramente la adjudicación» al cuestionado ofertante.
Durante la ejecución, Vergara Ballén autorizó un pago a pesar de que el contratista «no habría aplicado el descuento del 12.50 % en la tarifa neta en tiquetes ofrecido en su propuesta», incumpliendo las condiciones económicas de la subasta.
La supervisión también estuvo a cargo de Derly González Ariza, quien habría firmado la autorización de los pagos entre febrero y noviembre de 2024. Según la investigación, la funcionaria avaló los giros sin que el contratista aplicara el descuento obligatorio, lo que generó un posible detrimento patrimonial.
La Procuraduría Segunda de Contratación Estatal calificó provisionalmente las conductas como “gravísimas a título de culpa gravísima”.
(Colprensa).
