La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia) envió una comunicación oficial al presidente, Gustavo Petro, en la que solicitó la aclaración, ajuste o modificación del Decreto 0030 de 2026, tras advertir que la norma, diseñada para eliminar una prima especial de los congresistas, afectó de manera directa la remuneración mensual de los servidores de la Rama Judicial y otros entes de control debido a los topes establecidos por ley.
El gremio judicial explicó que el decreto expedido por el Gobierno derogó el Decreto 2170 de 2013, el cual reconocía una prima especial de servicios para los miembros del Congreso. Sin embargo, Corjusticia señaló que esta decisión activó una reducción en cadena, dado que el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 establece que los ingresos de los magistrados de las Altas Cortes y cabezas de los organismos de control «no pueden superar la totalidad de los ingresos laborales percibidos por los miembros del Congreso».
Hermens Darío Lara Acuña, presidente de la organización, detalló en el documento que la remuneración de los magistrados de Alta Corte sirve, a su vez, como base de cálculo para la bonificación por compensación de otros funcionarios.
La medida impactó los ingresos de «magistrados de Tribunal, de Consejo Seccional, de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial», además de fiscales ante la Corte Suprema, delegados ante tribunales y procuradores delegados.
La organización argumentó que la decisión del Ejecutivo desconoció el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 53 de la Constitución Política. Según el texto radicado en la Casa de Nariño, el Estado debe observar el principio de no regresividad en materia laboral y garantizar el respeto a los «derechos adquiridos de los servidores del Estado».
Corjusticia citó la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996), la cual reafirma la prohibición inequívoca de disminuir los salarios en el sector. La entidad recordó que es un derecho de los funcionarios «percibir una remuneración acorde con su función, dignidad y jerarquía la que no puede ser disminuida de manera alguna».
El documento advirtió sobre posibles «vicios de legalidad» en el acto administrativo. Los jueces señalaron que el Decreto 0030 modificó una disposición legal contenida en la Ley 4ª de 1992, lo cual, afirmaron, desconoció el principio de jerarquía normativa, ya que la modificación o derogación de las leyes es «competencia exclusiva del Congreso de la República».
Lara Acuña solicitó al Gobierno que precise «puntual y concretamente el alcance u objeto de dicho acto administrativo», así como los fundamentos técnicos y jurídicos que lo soportan, para evitar un «efecto negativo directo a otros servidores aun cuando no estén expresamente enunciados» en el decreto.
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