La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a audiencia preparatoria de juicio al coronel retirado Juan Carlos Figueroa Suárez, quien deberá responder este martes por 24 hechos criminales que dejaron al menos 38 personas asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate en la Costa Caribe.
La acusación formal contra el oficial la presentó la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que actúa como la fiscalía dentro de la JEP. El tribunal señaló a Figueroa Suárez por su presunta participación en asesinatos y desapariciones forzadas ocurridas cuando comandó el Batallón de Artillería N.º 2 ‘La Popa’, entre enero de 2004 y julio de 2005.
Según la investigación, existen pruebas de que el coronel supo lo que ocurría bajo su mando y no detuvo a sus subordinados, quienes cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad. De las 38 víctimas fatales, la JEP documentó que 11 sufrieron desaparición forzada y nueve fueron torturadas antes de morir.
El expediente reveló que la mayoría de los muertos eran civiles indefensos y personas en condición de vulnerabilidad; incluso, al menos una de las víctimas tenía una discapacidad mental. La investigación estableció que los militares trasladaron a personas reclutadas desde distintos puntos de la Costa Caribe para asesinarlas, a veces fuera del área de jurisdicción del batallón.
Además, durante el periodo en que Figueroa estuvo al mando, se registraron ataques y estigmatización contra los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo.
Juan Carlos Figueroa llegó a comandar esa unidad militar en reemplazo del coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez. Este último oficial se negó a aceptar su responsabilidad y, tras ser hallado culpable en un juicio, recibió una condena de 20 años de prisión.
Por estos mismos crímenes, la JEP ya sentenció a ocho años de cárcel a 12 antiguos soldados del Batallón ‘La Popa’ que sí decidieron contar la verdad y aceptaron su culpa.
La diligencia judicial de este martes estará a cargo del magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez. En esta etapa, el juez definirá qué pruebas se usarán en el juicio, cómo participarán las víctimas y preguntará directamente al coronel Figueroa si acepta o no la responsabilidad por los hechos.
El camino judicial del coronel depende de su respuesta: Si no acepta: El juicio continuará, se llamará a testigos y la fiscalía de la JEP buscará demostrar su culpabilidad para una condena mayor. Si acepta: El proceso cambiará hacia una «Sanción Alternativa», que implica entre 5 y 8 años de privación de la libertad y trabajos para reparar a las víctimas.
BOGOTÁ, (Colprensa).
