Por presuntas omisiones en seguridad, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, será imputado por la Fiscalía por el magnicidio del precandidato Miguel Uribe Turbay. Su llamado a responder es clave porque él hace parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, convirtiéndose así en la primera autoridad en ser procesada por el crimen.
Las falencias en la seguridad de candidatos por parte de la UNP han sido unos de los lunares que han marcado la administración de Augusto Rodríguez, quien fue del M-19 y es cercano al primer mandatario. De hecho, cuando asesinaron el 7 de junio del año pasado a Uribe Turbay se desató una polémica sobre qué tanta protección se le había dado al miembro del Centro Democrático.
El abogado Víctor Mosquera, representante de la familia del precandidato, es uno de los que más ha insistido en que hubo responsabilidad estatal en el asesinato. El año pasado el penalista resaltó la decisión de un juez, en la que se concluyó que a Miguel Uribe Turbay no se le brindó la atención necesaria. Mosquera incluso resaltó que en más de 10 oportunidades se omitió ofrecerle protección.
“El juez consideró que efectivamente al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay no le dieron la protección adecuada y que hubo mezquindad por parte de esa entidad respecto de su seguridad”, dijo Mosquera en su momento.
Miguel Uribe Turbay fue baleado el 7 de junio en el parque El Golfito, de Bogotá, cuando se encontraba en un mitín político junto a sus seguidores. Un joven de 15 años le disparó con una pistola Glock 9 milímetros en la cabeza y una pierna, generándole graves heridas que lo llevaron a ser enviado a la Fundación Santa Fe, donde murió el 11 de agosto.
