En el marco del proceso por presunta violación al conflicto de intereses, la Sala aclaró que elegir la mesa directiva es una función legal de los diputados, no una acción para obtener provecho privado. Con el fallo definitivo del Consejo de Estado, la diputada Rosita Jiménez quedó exonerada de las acusaciones
La demanda buscaba demostrar que la diputada actuó con interés privado al liderar elecciones de la mesa directiva, presuntamente incumpliendo una tutela y favoreciendo a ciertos dirigentes.
El Consejo de Estado, a través de su Sección Primera, confirmó en segunda instancia la decisión que negó la pérdida de investidura de la diputada de la Asamblea del Magdalena, Rosa Idalia Jiménez Rodríguez. Con este fallo se ratifica la sentencia emitida el 22 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que había desestimado las acusaciones por una presunta violación al régimen de conflicto de intereses.
La demanda acumulada buscaba la pérdida de investidura de la diputada por presuntas irregularidades cometidas en 2024, cuando se desempeñaba como presidenta de la Asamblea del Magdalena. Los demandantes argumentaron que Jiménez Rodríguez presidió sesiones para elegir la mesa directiva pese a una tutela que ordenaba suspenderlas, permitió la participación de un diputado presuntamente sancionado y lideró una nueva elección provisional en la que resultaron elegidas las mismas personas, con el supuesto propósito de asegurar determinados cargos directivos.
En su análisis, la magistrada ponente, Nubia Margoth Peña Garzón, concluyó que no se configuró el elemento objetivo exigido para declarar la pérdida de investidura por conflicto de intereses. La Sala señaló que, para que exista esta causal, debe acreditarse un beneficio particular, actual y directo a favor del funcionario, circunstancia que no se demostró en este caso.
El alto tribunal explicó que la participación en la elección de los dignatarios de la corporación constituye un deber constitucional y legal de los diputados, y no un provecho personal. Asimismo, precisó que eventuales cuestionamientos sobre desacatos a tutelas o irregularidades en el quórum, por sí solos, no acreditan la existencia de un interés privado que colisione con el interés público.
Con esta decisión, el Consejo de Estado da por cerrado de manera definitiva el proceso a favor de Rosa Idalia Jiménez Rodríguez, quien continuará en su cargo como diputada del Magdalena. La providencia ordena devolver el expediente al tribunal de origen una vez quede ejecutoriada.
