Desde que vimos las imágenes de Nicolás Maduro camino a un tribunal en Nueva York se desató una tormenta. Pero, curiosamente, la tormenta más ruidosa no es la de las víctimas que sienten alivio, sino la de ciertos expertos que llevan días discutiendo si el procedimiento fue el correcto, si se respetaron los tratados o si se violó la inmunidad presidencial.
Es una discusión que, vista desde la calle, ofende por su falta de empatía.
Mientras algunos se preocupan por las formas del derecho internacional, se olvidan del fondo humano de la tragedia. Se olvidan de que la acusación que hoy enfrenta Maduro no es por ser de izquierda o por sus discursos antiimperialistas. El expediente es muy claro. Lo acusan de narcoterrorismo, de tráfico de armas de guerra y de inundar el hemisferio con toneladas de coca. Describe a un Estado que dejó de funcionar para la gente y se convirtió en una oficina para el crimen.
Lo que dicen los documentos de la fiscalía estadounidense es que las instituciones de Venezuela se usaron para cambiar droga por armas. No estamos hablando de rumores de pasillo, que los hubo durante décadas, sino ya de acusaciones puntuales sobre el uso de bases militares y aeropuertos oficiales para enviar cargamentos y recibir armas.
Ante una realidad así, el derecho internacional tradicional se queda corto, casi ingenuo. Es muy fácil defender la «soberanía» desde la comodidad de un café. Es muy fácil decir que «se deben respetar los protocolos». Pero, ¿Cómo se le explica eso a la madre venezolana que tuvo que huir de su país con sus hijos al hombro porque no había comida? ¿Cómo explicarles a las familias venezolanas desintegradas que han tenido que migrar, o por qué sus hijos han sido llevados presos por disentir del modelo atroz? ¿Y qué decirles a las familias colombianas de la frontera, que han vivido bajo el terror de grupos armados financiados desde el otro lado, cuando ven que el responsable de todo eso debía seguir siendo intocable porque el derecho internacional no encontraba una salida que llevan muchos años esperando?
Y por favor, no aceptemos el cuento de que esto es un ataque a la democracia. En Venezuela no había democracia. Es cierto que entraron por la puerta que abren los votos, pero una vez adentro, abusaron del poder para dinamitar la casa. Eliminaron la separación de poderes, convirtiendo a jueces y organismos de control en empleados de su oficina, y terminaron atornillándose en el cargo por la fuerza, ignorando el resultado de las urnas donde, como está probado, perdieron el apoyo popular. Eso no es gobernar; es usurpar.
Lo que instauraron fue una dictadura para delinquir. Porque la verdadera democracia no es solo elegir gobernantes cada cierto tiempo. Democracia es la libertad de prensa para que nadie tape la corrupción; es la libertad económica para que el esfuerzo valga y no se lo coma la inflación provocada; es la libertad de opinar sin miedo a que toquen la puerta a medianoche para llevarte al Helicoide. Democracia es la certeza de que la ley protege a todos, no solo a los amigos del régimen. En Venezuela asesinaron todas esas libertades para imponer el silencio de la mafia.
Una parte de la comunidad internacional intentó, una y otra vez, encontrar salidas negociadas. Pero se estrellaron siempre contra un régimen donde sus negocios delictivos, valían más que los votos y la fuerza armada estaba por encima de las decisiones del pueblo. Y hubo otros, que decidieron jugar a favor de la dictadura. El actual gobierno de Colombia optó por apoyar la permanencia del régimen, absteniéndose de condenar los abusos.
Hoy, que la justicia llega, tal vez de una forma que no esperaban algunos puristas, resulta hipócrita poner el grito en el cielo por el procedimiento y guardar silencio frente a los atropellos y delitos.
Esto no se trata de legalismos, se trata de humanidad. La empatía debe estar con quien sufrió el destierro y la violencia, no con quien fue el arquitecto de esa desgracia. A veces hay que dejar de mirar tanto el papel y empezar a mirar más a las personas.
*Exdirectora del ICBF
