La segunda semana de enero comienza con una gran incertidumbre. En el ámbito internacional y en el nacional.
En el primero, fuera de la detención y traslado a los Estados Unidos de los esposos Maduro, y el vago anuncio de Trump de que los Estados Unidos ejercerán durante un tiempo indefinido una especie de “protectorado” sobre Venezuela, nada está definido. ¿Por cuánto tiempo mantendrán el apoyo los EE.UU. a la señora Delcy Rodríguez para que conduzca las riendas del bravo pueblo venezolano? ¿Cuánto tiempo tomará la clarificación de la política petrolera? Todo hace pensar que lo político se lo dejan a los escombros del chavismo, mientras que todo lo concerniente a la política energética entrará al ámbito del protectorado gringo.
El argumento repetido por Trump de que los venezolanos les robaron el petróleo desde las nacionalizaciones de Carlos Andrés Pérez permite cualquier tipo de atropello por parte de la administración Trump en los días venideros.
La voracidad energética de Trump está sacando los colmillos en este comienzo de año por todas partes. Ya ha vuelto sobre el tema de Groenlandia. Y sus pretensiones sobre el petróleo ártico no se han disimulado.
Pero en el frente interno las cosas tampoco estarán claras. Recuérdese que las altas cortes se reintegran la semana entrante. Y van a recibir, ambas, una verdadera avalancha de demandas de todo orden. En primer lugar, la constitucional deberá pronunciarse sobre la exequibilidad de la emergencia económica expedida a fin de año. Y, en segundo lugar, al consejo de estado le corresponderá definir la constitucionalidad del decreto por el cual se fijó el salario mínimo para el 2026. Recuérdese que el llamado “salario vital” es apenas uno de los tres criterios que contempla la ley para fijar el salario mínimo. Queda también la inflación causada y la productividad.
¿Puede el gobierno presidir olímpicamente de los dos últimos criterios que prevé la ley junto con el del ingreso vital? La pregunta que debe resolver el Consejo de Estado no es, pues, de poca monta.
El fundamento del protectorado declarado por Trump sobre Venezuela está lejos de haber sido establecido con toda su amplitud por el gobierno norteamericano.
Y el alcance de los fallos de las altas cortes igualmente están alejados de la precisión que requiere, de una parte, una emergencia económica sobre la cual existen serias dudad sobre si efectivamente existieron hechos inesperados y emergentes en que se ha fundamentado como lo exige la Constitución, según el gobierno. Y en cuanto tiene que ver con el salario mínimo del 23% también existen serias incertidumbres que habrán de ser dilucidadas próximamente por el contencioso administrativo.
El episodio de la sustracción de Maduro y Sra. por las tropas de élite de los EE. UU. no debe hacernos olvidar que simultáneamente tenemos dos pesados huesos para roer en las altas cortes colombianas, una vez que éstas reinicien sus labores jurisdiccionales.
La extracción de Maduro no deja de ser una arbitraria medida del gobierno Trump sobre la soberanía venezolana. El pecado mayor de Petro fue no haber tomado distancia a tiempo de Maduro y de las elecciones de junio del 2024, desde el momento mismo en que no aparecieron las actas de votación. Ahora, ya es tarde para hacerlo. Y ni unas vistosas marchas ciudadanas en Colombia van a borrar la equivocada decisión de Petro de no haber negado a tiempo la legitimidad del gobierno de Maduro. Como lo hicieron países como Chile y Argentina.
*Exministro de Estado
