Si a nivel local la interventoría es débil, a nivel nacional el control es inexistente. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ha sido notificada, mencionada y alertada por distintos sectores ciudadanos. Y aun así, no actúa con la contundencia que la ley le otorga.
Santa Marta bajo la basura. La empresa de William Vélez tiene un contrato blindado contra el cual, ni si quiera el interventor actúa
En Santa Marta, la basura dejó de ser un residuo para convertirse en prueba. Prueba del incumplimiento contractual, de la omisión institucional y de un modelo de servicios públicos que opera contra el interés general. Las bolsas acumuladas en las esquinas ya no son solo desperdicios: son evidencia material de un sistema que falla y de autoridades que no actúan.
La ciudad está sucia, sí. Pero lo verdaderamente grave es que está jurídicamente desprotegida.
DERECHO VULNERADO
La Constitución Política de Colombia no deja espacio para interpretaciones acomodadas. El artículo 365 es claro: los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y su prestación debe ser eficiente, continua y oportuna. Nada de eso ocurre hoy en Santa Marta con el servicio de aseo.
Cuando la recolección de basuras es irregular, cuando los residuos permanecen días enteros en vía pública, cuando se crean botaderos a cielo abierto por omisión del operador, no estamos ante una falla menor, sino ante una vulneración sistemática de derechos colectivos: salubridad pública, ambiente sano, espacio público y dignidad humana. Aquí no hay exageración. Hay tipificación jurídica.
ATESA: INCUMPLIMIENTO REITERADO Y DESACATO
La empresa ATESA, operadora del servicio de aseo, acumula denuncias ciudadanas que describen un patrón claro: incumplimiento reiterado de obligaciones esenciales. No se trata de percepciones aisladas, sino de hechos verificables:
– Rutas que no se cumplen
– Frecuencias alteradas sin aviso
– Zonas completas sin recolección
– Acumulación prolongada de residuos
– Ausencia de planes de contingencia
En términos contractuales, esto podría configurar incumplimiento grave, causal suficiente para sanciones, multas e incluso terminación anticipada del contrato, según la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, aplicables en cuanto al principio de responsabilidad y a la prevalencia del interés general. Pero nada pasa.
ATESA sigue operando como si Santa Marta no tuviera derechos y como si los usuarios no fueran sujetos protegidos, sino clientes cautivos.
EL CONTRATO: ´AMAÑADO´
Uno de los puntos más cuestionados por líderes sociales, veedurías y ciudadanos es el carácter leonino del contrato que permitió el tránsito de Interaseo a ATESA, empresa señalada como su “gemela operativa”.
El cambio de operador no trajo mejoras sustanciales. Trajo continuidad. Y la continuidad, en este caso, es sinónimo de fracaso. Las cláusulas contractuales parecen diseñadas para proteger al operador incluso frente al incumplimiento, mientras las herramientas sancionatorias duermen en los escritorios institucionales. Esto vulnera principios básicos de la contratación estatal: transparencia, eficacia y equilibrio contractual.
Un contrato que no se puede hacer cumplir no sirve al interés público. Sirve a otros intereses.
LA INTERVENTORÍA QUE NO INTERVIENE
ESSMAR, como entidad encargada de la supervisión e interventoría del servicio, tiene una responsabilidad directa. Su rol no es decorativo ni simbólico. Debe vigilar, exigir, reportar y actuar.
Pero en la práctica, ESSMAR no cumple su función de control efectivo.
No hay informes públicos contundentes.
No hay procesos sancionatorios visibles.
No hay decisiones proporcionales al daño causado.
Desde el punto de vista jurídico, esta inacción podría configurar falla del servicio por omisión, una figura reconocida por la jurisprudencia del Consejo de Estado, cuando la autoridad teniendo la obligación de actuar, no lo hace.
La basura se acumula. ESSMAR observa. La ciudad paga.
SUPERSERVICIOS: OTRO SILENCIO CÓMPLICE
Si a nivel local la interventoría es débil, a nivel nacional el control es inexistente. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ha sido notificada, mencionada y alertada por distintos sectores ciudadanos. Y aun así, no actúa con la contundencia que la ley le otorga.
La Superservicios tiene facultades para investigar, sancionar, intervenir operadores y proteger a los usuarios. Cuando no lo hace frente a un deterioro evidente del servicio, su silencio deja de ser neutral y empieza a ser institucionalmente sospechoso.
En lenguaje claro: ver y no actuar también es una forma de responsabilidad.
DENUNCIAS CIUDADANAS:
Ante la ausencia del Estado, la ciudadanía ha hecho lo que puede: denunciar. Videos, fotografías, derechos de petición, quejas formales, publicaciones en redes, llamados a medios. El expediente social contra ATESA es voluminoso y creciente. Los ciudadanos no piden favores. Exigen lo que pagan.
Cada denuncia ignorada es una bofetada a la participación ciudadana. Cada queja archivada sin respuesta es un mensaje claro: su voz no importa. Pero la voz sigue sonando. Y su acumulación también es prueba.
DAÑO AMBIENTAL Y SANITARIO
Desde el punto de vista ambiental, la situación es crítica. La disposición inadecuada de residuos genera lixiviados, proliferación de vectores, contaminación de fuentes hídricas y afectación directa a ecosistemas urbanos y costeros.
Esto no solo viola normas ambientales, sino que expone a la ciudad a responsabilidades legales futuras, incluso acciones populares y demandas por daño ambiental. Santa Marta no solo está sucia. Está en riesgo jurídico.
TURISMO AFECTADO, ECONOMÍA GOLPEADA
El turismo, principal motor económico de la ciudad, recibe el impacto directo del mal servicio. Hoteleros, operadores turísticos y comerciantes ven cómo la basura arruina la experiencia del visitante.
Aquí hay un daño económico indirecto que nadie está cuantificando, pero que existe. Y ese daño tiene responsables. Un operador que incumple. Un Estado que no controla. Una ciudad que pierde.
¿Y ahora qué? Exigir sanciones
La situación no se soluciona con comunicados ni con promesas. Se soluciona con decisiones jurídicas y administrativas concretas:
– Apertura de investigaciones formales
– Imposición de sanciones ejemplares
– Revisión integral del contrato
– Evaluación de la continuidad del operador
– Intervención real del servicio
Santa Marta no puede seguir siendo rehén de un mal contrato ni de una empresa que no responde.
La basura como símbolo de algo más profundo
La crisis del aseo es el reflejo de una crisis mayor: la del respeto por lo público. Cuando se normaliza la basura, se normaliza el abandono. Cuando no hay sanciones, se instala la impunidad.
Pero también hay algo que no han podido enterrar bajo los residuos: la dignidad ciudadana.
Santa Marta no se calla. Santa Marta denuncia.
Y Santa Marta exige. Porque una ciudad que alza la voz, aunque esté rodeada de basura, todavía no está vencida.
