En el análisis del caso, el juez determinó que la gobernadora María Margarita Guerra Zúñiga tenía la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la orden de tutela impartida por el despacho.
La omisión de la Gobernación en girar recursos afectó el pago de cesantías y prestaciones, comprometiendo la estabilidad económica de empleados y diputados y dificultando el normal funcionamiento de la Asamblea Departamental.
Luego de varios requerimientos judiciales sin que se produjera una respuesta efectiva frente al giro de recursos destinados al funcionamiento de la Asamblea Departamental del Magdalena, un juez de la República declaró en desacato a la gobernadora del departamento, María Margarita Guerra Zúñiga, y a la secretaria de Hacienda departamental, Denis Rangel Lozano, dentro de un proceso relacionado con la vigencia presupuestal 2025.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento y Depuración de Santa Marta, despacho que, tras analizar el cumplimiento de una acción de tutela, concluyó que las funcionarias no acataron las órdenes impartidas para realizar el traslado oportuno de los recursos financieros necesarios para garantizar el funcionamiento administrativo y operativo de la Asamblea Departamental del Magdalena.
En el contenido del fallo, el juez estableció que la gobernadora incurrió en desacato en su condición de superior jerárquica de la Secretaría de Hacienda, al no adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la orden judicial. De igual manera, el despacho consideró responsable de manera directa a la secretaria de Hacienda, al evidenciarse la ausencia de las gestiones administrativas requeridas para autorizar y ejecutar el giro de los recursos ordenados.
Como consecuencia de lo anterior, el juzgado impuso a ambas funcionarias una sanción consistente en tres días de arresto y una multa equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes. La providencia judicial señala que la medida de arresto deberá cumplirse en las instalaciones del Comando de la Policía Nacional en Santa Marta, conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de sanciones.
La no transferencia de los recursos ha tenido efectos directos en la situación laboral de la Asamblea Departamental del Magdalena. Según lo expuesto dentro del proceso, a la fecha no se han efectuado los pagos correspondientes a las cesantías de empleados y diputados, lo que ha incidido en el mínimo vital de los trabajadores y ha generado dificultades en el desarrollo normal de las actividades administrativas y legislativas de la corporación.
En relación con esta situación, Ángela Cedeño, presidenta de la Mesa Directiva de la Asamblea del Magdalena para la vigencia 2025, se pronunció públicamente a través de su cuenta en la red social X. En su mensaje, hizo referencia a las consecuencias que ha tenido el incumplimiento en el giro de los recursos sobre los derechos laborales de los funcionarios y el funcionamiento institucional de la Asamblea.
En el mismo pronunciamiento, Cedeño manifestó que el no pago de las cesantías responde a la falta de atención oportuna por parte de la Gobernación del Magdalena a los requerimientos administrativos necesarios para autorizar el giro de los recursos de funcionamiento, afirmación que fue expuesta en el marco del debate público generado por la decisión judicial.
Finalmente, el despacho judicial reiteró que las órdenes emitidas en el marco de una acción de tutela son de obligatorio cumplimiento para las autoridades públicas. En ese sentido, recordó que el desacato a este tipo de decisiones judiciales constituye una falta grave, en tanto puede derivar en la vulneración de derechos fundamentales y en el desconocimiento de los principios que rigen la función administrativa.
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