En las últimas horas Aviación Ejército confirmó que al menos USD 20 millones fueron girados al Tesoro Nacional colombiano por parte de la aseguradora Berkley International por el incumplimiento en el contrato de mantenimiento de los helicópteros MI-17.
Esos pagos, según explicó la unidad militar, habían sido solicitados por el Ministerio de Defensa conforme a los incumplimientos presentados y corresponden a la gestión adelantada por la Dirección de Contratación del Ministerio de Defensa, el Comando Financiero del Ejército, la Central Administrativa y Contable de Aviación, así como por el supervisor del contrato.
Según reveló el propio Ministerio de Defensa, la empresa encargada de ejecutar el contrato solo pudo cumplir con el 8 % de lo pactado, a pesar de haber recibido el 50 % del valor total del contrato, equivalente a más de USD 16 millones.
Por las irregularidades en este contrato ya fueron imputados ante la Fiscalía el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, de la Brigada de Aviación No. 32; el exsecretario general del Ministerio de Defensa Nacional, Hugo Alejandro Mora Tamayo; y el asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del Ministerio de Defensa, Diego Alejandro Manrique Cabezas.
De acuerdo con la investigación, el coronel Rincón Ricaurte, en su calidad de gerente del proyecto, habría
refrendado de manera irregular prórrogas para la presentación de cotizaciones, participado indebidamente en la etapa precontractual y certificado sin soporte alguno que la compañía Vertol Systems Company contaba con experiencia e idoneidad técnica, pese a que el comité evaluador descartó a ese oferente.
Además, es señalado de intervenir para modificar los estudios financieros y avalar condiciones que impidieron verificar la verdadera capacidad económica del contratista.
Entre tanto, Manrique Cabezas presuntamente intervino en la elaboración y evaluación del estudio económico previo y cambió los requisitos financieros habilitantes, lo que permitió aprobar una propuesta sin que fuera posible establecer indicadores como liquidez, rentabilidad y capacidad organizacional, exigidos por la normativa vigente.
Finalmente, Mora Tamayo, pese a conocer las irregularidades del proceso y la falta de cumplimiento de los requisitos legales, habría suscrito el contrato No. 012 de 2024 el 31 de diciembre de 2024, y posteriormente viabilizó la modificación de la forma de pago autorizando un anticipo del 50% del valor del contrato, equivalente a más de 16 millones de dólares, recursos que fueron consignados en una cuenta del contratista en Estados Unidos.
/COLPRENSA
