El Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, dijo que ya se tienen resultados sobre la red de extorsionistas que opera en la cárcel de Santa Marta.
Ha quedado identificada una red comandada por privados de la libertad que desde el establecimiento carcelario de mediana seguridad ´Rodrigo de Bastidas´ extorsionan a comerciantes, dueños de empresas, empleados y gente del común. Hay una grabación en la cual uno de sus líderes reconoce que en un día llegan a recaudar hasta 100 millones de pesos.
´Mientras los reclusos cumplen condena —o esperan sentencia—, desde el interior de la cárcel de Santa Marta se teje una red criminal silenciosa pero devastadora. A punta de llamadas, amenazas y miedo, comerciantes y ciudadanos siguen siendo víctimas de la extorsión´, dijo un investigador judicial.
Se trata de un delito que, pese a las denuncias reiteradas, parece no encontrar freno ni respuesta efectiva de las autoridades.
En Santa Marta, la extorsión dejó de ser un delito que se gesta únicamente en las calles. Hoy, una parte importante de ese flagelo nace, se organiza y se ejecuta desde el interior de la cárcel, donde reclusos, con teléfonos celulares en mano, dirigen verdaderas oficinas criminales que intimidan, amenazan y cobran a comerciantes formales, informales y ciudadanos del común.
Las víctimas coinciden en el mismo relato: una llamada inesperada, una voz agresiva que dice saberlo todo —nombre, negocio, dirección, horarios— y una advertencia clara: “pague o aténgase a las consecuencias”. La amenaza casi siempre es la misma: atentados contra el local, agresiones a familiares o incluso la muerte. El miedo hace el resto.
LOS COMERCIANTES ESTÁN ASFIXIADOS
Pequeños comerciantes de barrios populares, tenderos, dueños de restaurantes, vendedores ambulantes y hasta profesionales independientes se han convertido en blancos frecuentes de estas estructuras criminales. Para muchos, la extorsión se ha transformado en un impuesto ilegal que deben pagar para poder trabajar. “Uno no denuncia porque siente que queda más expuesto”, confiesa un comerciante del centro histórico, que lleva meses entregando dinero producto de su trabajo. “Ellos llaman desde la cárcel, pero parecen más organizados que cualquier empresa”. Los montos exigidos varían: desde cuotas semanales pequeñas hasta sumas mensuales que terminan quebrando negocios familiares. En algunos casos, los delincuentes exigen pagos únicos; en otros, establecen cobros permanentes que se convierten en una sangría económica constante.EL INGRESO DE CELULARES
La pregunta que se repite en la calle es inevitable: ¿cómo es posible que desde una cárcel se sigan cometiendo delitos de esta magnitud? La respuesta que murmura la ciudadanía es tan incómoda como grave: falta de control, debilidad institucional y permisividad. Los reclusos operan con celulares que ingresan de manera irregular, utilizan redes sociales, aplicaciones de mensajería y bases de datos clandestinas. Desde sus celdas coordinan cobros, ordenan amenazas y verifican consignaciones. Para las víctimas, resulta incomprensible que un centro de reclusión —que debería neutralizar el delito— se haya convertido en una plataforma criminal activa.DENUNCIAS QUE NO AVANZAN Y EL SILENCIO OFICIAL
Pese a que muchas víctimas aseguran haber denunciado, el común denominador es la sensación de abandono. Las respuestas institucionales son lentas, insuficientes o inexistentes. No hay resultados visibles, ni capturas contundentes, ni desmantelamiento real de estas redes. El silencio de las autoridades genera un ambiente de desconfianza y resignación. Algunos comerciantes optan por cerrar; otros, por pagar; muchos, por callar. “Uno siente que está solo”, dice una víctima. “Denunciar es exponerse, y aquí no hay garantías”.EL MIEDO LOS CONSUME
La extorsión no solo roba dinero; roba tranquilidad, libertad y futuro. Las llamadas suelen llegar de madrugada o en horas pico de trabajo. Los delincuentes saben cómo sembrar pánico: mencionan nombres de hijos, describen rutinas, citan direcciones exactas. El mensaje es claro: “sabemos dónde vive y sabemos cómo hacerle daño”. Esa estrategia psicológica ha sido efectiva. El miedo paraliza y convierte a ciudadanos honestos en rehenes de un sistema criminal que opera con total descaro.UNA ECONOMÍA MUY GOLPEADA
Santa Marta, ciudad turística y comercial, no puede darse el lujo de normalizar la extorsión. Cada negocio que cierra, cada emprendedor que se rinde, cada familia que vive con miedo, representa una derrota colectiva. El delito impacta la economía local, desalienta la inversión y deteriora el tejido social. La extorsión no es un problema aislado: es un fenómeno que erosiona la confianza, fractura comunidades y debilita la autoridad del Estado.¿Quién controla realmente las cárceles?
La situación abre un debate urgente y necesario: ¿quién ejerce el control real dentro de los centros penitenciarios? Si desde una cárcel se ordenan delitos, se manejan cobros y se intimida a la ciudadanía, algo está fallando de manera estructural. No basta con anuncios. No basta con operativos esporádicos. Se requiere una intervención profunda, controles estrictos, tecnología, investigaciones serias y sanciones ejemplares, tanto para los delincuentes como para quienes facilitan o permiten estas prácticas. La ciudadanía exige respuestas. Exige presencia real del Estado. Exige que la cárcel deje de ser una escuela del crimen y vuelva a ser un lugar de reclusión y resocialización. El mensaje de los samarios es claro: no más extorsión, no más miedo, no más silencio. La extorsión desde la cárcel de Santa Marta es una herida abierta que no puede seguir ignorándose. Cada llamada extorsiva es una prueba del fracaso institucional; cada víctima silenciada es una alerta roja. El Estado está llamado a recuperar el control, proteger a la ciudadanía y enviar un mensaje contundente: el delito no gobierna, ni dentro ni fuera de las cárceles. Porque una ciudad que vive con miedo es una ciudad que no puede avanzar. Y Santa Marta merece vivir, trabajar y soñar sin extorsión.