La Jurisdicción Especial para la Paz condenaría a 20 años de prisión al coronel retirado del Ejército Publio Hernán Mejía Gutiérrez por su responsabilidad en 72 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas bajo su mando en el Batallón La Popa, Valledupar.
Esta decisión judicial es la primera Sentencia Adversarial Transicional emitida por esta jurisdicción nacida del acuerdo de paz. El fallo determinará de manera definitiva la culpabilidad del excomandante por los crímenes cometidos en el norte del Cesar y el sur de La Guajira, hechos que según la investigación ocurrieron entre los años 2002 y 2003 mediante una alianza criminal.
La magistratura recordó que el caso de Mejía Gutiérrez tomó un camino muy distinto al de otros militares procesados en este tribunal. El oficial decidió no aceptar los cargos que le imputó la Sala de Reconocimiento y sostuvo su inocencia frente a las acusaciones de haber colaborado con grupos paramilitares del Bloque Norte. Esta negativa obligó a activar la vía adversarial, un escenario donde la Unidad de Investigación y Acusación asumió el papel de fiscalía para demostrar la culpa del acusado en un juicio formal.
El director de la Unidad de Investigación, Giovanni Álvarez, explicó en su momento que este juicio operó bajo reglas estrictas donde se debió probar la responsabilidad penal más allá de toda duda razonable. Durante las audiencias pasadas, el ente acusador presentó pruebas documentales y testimoniales para sustentar que existió un pacto macabro entre el Batallón La Popa y los paramilitares para presentar resultados operacionales falsos ante los mandos superiores del Ejército.
El expediente documentó las declaraciones de antiguos subalternos de Mejía, quienes a diferencia de su comandante sí reconocieron su participación en los hechos. Estos testigos aseguraron que el coronel exigió «bajas» operacionales a cambio de entregarles estímulos, viajes y permisos, lo que derivó en el asesinato de campesinos e indígenas inocentes que fueron presentados ilegítimamente como guerrilleros muertos en combate.
La normativa de la JEP señaló que, al ser hallado culpable en esta instancia definitiva, el coronel ya no podrá acceder a la llamada Sanción Propia que permite penas restaurativas y trabajos comunitarios. En su lugar, Mejía se expondría a la Sanción Ordinaria, la cual contempla el cumplimiento de la condena en un centro carcelario sin los beneficios de la justicia transicional, tal como lo informó Caracol Radio sobre la decisión de imponerle 20 años de prisión.
Por su parte, la defensa del oficial retirado reiteró durante el desarrollo del juicio que las operaciones militares bajo su mando fueron legítimas. Sus abogados desestimaron los testimonios en contra del coronel y argumentaron que sus subordinados mintieron ante los jueces con el único objetivo de obtener rebajas de pena y beneficios jurídicos dentro del sistema transicional. /Colprensa
