El Tribunal Administrativo del Magdalena declaró la nulidad de la Ordenanza N.° 133 del 12 de agosto de 2022, aprobada por la Asamblea Departamental, con la cual se rediseñó la planta de personal de la Contraloría General del Departamento.
La decisión, que tuvo como ponente a la magistrada Elsa Mireya Reyes Castellanos, respondió a una demanda de nulidad simple interpuesta por el abogado Yasser Alai Munive Acosta, en representación de José Manuel Saucedo Vides.
Falta de soporte técnico
El Tribunal concluyó que la ordenanza estaba viciada por “falsa motivación”, ya que se sustentó en un estudio técnico que no cumplía los parámetros exigidos por el artículo 46 de la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015.
De acuerdo con la sentencia, la Contraloría omitió aplicar la metodología definida por la Función Pública para justificar modificaciones en las plantas de personal. Esta metodología exige, entre otros aspectos, un análisis de cargas de trabajo, la prestación de servicios y la justificación financiera.
El demandante alegó que el documento presentado no era válido, pues en un 75 % correspondía a un estudio elaborado por la Alcaldía de Neiva en 2020 y en un 5 % a uno de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag).
Argumentos del Tribunal
Aunque el Tribunal descartó la acusación de plagio por falta de elementos suficientes en la comparación de documentos, sí concluyó que el estudio de la Contraloría se limitó a presentar conclusiones sin soporte verificable, lo que afectó la validez del acto administrativo.
La sentencia precisó que estas falencias vician la ordenanza, dado que la justificación técnica no cumplió con el rigor requerido para una reforma de personal.
Error en la parte resolutiva
En la decisión, el Tribunal ordenó: “Declarar la nulidad de la Ordenanza N.° 133 de 12 de agosto de 2012, proferida por la Asamblea del Departamento del Magdalena”. Sin embargo, en el texto se registró un error de transcripción: la fecha correcta corresponde al año 2022, no 2012.
El abogado Yasser Alai Munive cuestionó esta imprecisión, señalando que podría retrasar la ejecutoria del fallo: “Llevamos tres años esperando justicia y ahora nos encontramos con un error que puede retrasar la decisión. Este contralor ha estado en el cargo de manera arbitraria, y si el fallo hubiera salido a tiempo, ya habría sido objeto de sanción disciplinaria”, indicó.
Según Munive, esta equivocación obligará a presentar recursos adicionales y podría demorar la aplicación del fallo por al menos un mes, además de abrir la posibilidad de nuevas dilaciones si el caso es elevado al Consejo de Estado.
